El Secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, subrayó que la seguridad de los periodistas y de las personas que ejercen la libertad de expresión en México es condición necesaria de la libertad de prensa.
En el Foro La libertad de expresión y de prensa en México: los mecanismos de defensa de periodistas y las obligaciones del Estado, dijo que esta libertad se ve coartada cuando su ejercicio es violentado, tanto por las agresiones contra los comunicadores, como por la impunidad de los agresores y el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía por parte del Estado.
En su mensaje, leído por el Director de Relatorías de la CDHDF, Gabriel Soto Climent, Sauri Suárez señaló que en México el ejercicio libre de la prensa enfrenta estos problemas de manera grave, lo cual se refleja en las 89 agresiones contra la Libertad de Expresión, amenazas contra periodistas, medios de comunicación, civiles y Organizaciones protectoras de este Derecho, de las que ha dado cuenta este Organismo en lo que va de 2013.
Indicó que los Mecanismos de protección para las personas que ejercen este derecho, establecidos como un esfuerzo conjunto entre CDHDF, gobiernos y Organizaciones Civiles, se han visto limitados por cuestiones estructurales, presupuestales y de operatividad.
Apuntó que los mismos han dejado mucho qué desear en la práctica, en muchos casos poniendo en riesgo a las personas que busca defender. «La obligación de lograr la efectividad de los mecanismos de protección nunca fue tan necesaria ni el contexto de agresiones tan adverso», advirtió.
La Coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) México, María Eugenia Chávez, señaló que los comunicadores comunitarios están en riesgo y la radio comunitaria tiene agresiones de diversos sectores y en diversos contextos a lo largo y ancho del país.
Consideró fundamental que el Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas esté funcionando, que se proteja a los periodistas de carrera, pero también a los comunicadores comunitarios. Aseveró que hay comunicadores comunitarios que se ven inmersos en situaciones de conflicto con el crimen organizado, en Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla.
Explicó que AMARC México tiene 34 asociados, 14 de ellos son radios que tienen un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en principio y luego por la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Dijo que el resto que no tiene permiso son las que reciben mayores agresiones de las instituciones, bajo el pretexto de estar haciendo uso de una frecuencia radioeléctrica sin la licencia que otorga la autoridad.
A su vez, la Presidenta de la Casa de los Derechos de Periodistas, Judith Calderón, comentó que le han hecho saber al Presidente lo que sucede en México, y «que además de los 15 periodistas asesinados en 2012, hay otros casos de trabajadores de medios fallecidos. El 30% de las agresiones ocurrieron en Veracruz, y otros casos sucedieron en Chihuahua y Michoacán».
Estimó que el Estado manda el mensaje de que se pueden seguir cometiendo los crímenes, la impunidad en las agresiones y asesinatos a periodistas en México es la característica que prevalece en los distintos niveles de gobierno.
El cambio de administración federal, añadió, no ha significado un clima de respeto a la libertad de expresión y a los trabajadores de medios de comunicación. De 2000 a la fecha se han cometido al menos 84 asesinatos de periodistas sin que hasta el momento las autoridades muestren avance en las investigaciones o den con los responsables lo que provoca mayor impunidad, dijo.
Mencionó que está reportado como desaparecido Gerardo Padilla, Director Administrativo Radiofónico Radio Grande de Coahuila.
La Representante de Asociadas por lo Justo (JASS), Orfe Castillo, señaló que en México hay un aumento alarmante de violencia contra defensoras y periodistas, que es invisibilizada y disminuida en su gravedad, características y consecuencias en el contexto generalizado de impunidad y criminalización de la protesta social.
Apuntó que de 2005 a 2012, 13 mujeres periodistas han sido asesinadas y más de 100 han denunciado algún tipo de violencia en el ejercicio de su labor. Entre 2010 y 2011, once defensoras fueron asesinadas.
Indicó que el 41% de los ataques a personas que defienden derechos humanos son en contra de mujeres defensoras, de acuerdo con la Red de Defensoras de México.
Añadió que Oaxaca, Chihuahua, Veracruz y Guerrero son los estados donde más ataques se registran. México es el segundo país del continente donde más se amenaza de muerte a las defensoras de derechos humanos.
Además, dijo, las defensoras corren más riesgos de sufrir violencia sexual que sus compañeros. Sufren campañas de difamación basadas en estereotipos de género. «Enfrentan poco reconocimiento de su labor, mayores restricciones para denunciar ataques en su contra por el riesgo a ser despedidas en sus espacios de trabajo por represalias».
El Foro siguió con las mesas de discusión Reflexiones y análisis de las agresiones a la libertad de expresión y de prensa durante 2013 y Evaluaciones y reflexiones sobre el mecanismo de protección, así como un Espacio para la presentación de proyectos de las Organizaciones.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México