En la presentación del Informe Especial sobre el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión del Distrito Federal 2010-2011, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, subrayó que la ética médica es uno de los temas prioritarios en la atención a la población interna, “que no necesita tantos recursos, sino transmitir la actitud de respeto por la diversidad y comprender que la relación médico-usuario debe ser respetuosa y sin estigmas”.
Dijo que en la sociedad sigue la idea que la gente que está en privación de la libertad es un ciudadano de segunda que no merece que sean respetados sus derechos y que merece que la intensidad del castigo sea mayor, “lo cual dificulta que sea atinado destinar presupuesto a estas áreas; estos prejuicios juegan en contra para garantizar una estancia digna y segura de quienes están cumpliendo una pena o esperando un proceso privados de la libertad”.
Refirió que de acuerdo a la Reforma Penal Constitucional y a la Reforma en Derechos Humanos, la función de la reinserción hay que entenderla como una obligación de la autoridad penitenciaria, “de por lo menos buscar las medidas necesarias para que la persona que va a regresar a su vida en sociedad lo haga en un situación menos complicada que la que lo llevó a ese lugar”.
Señaló la relevancia de la garantía del derecho a la salud de los internos, porque las prisiones se convierten en un foco que centrifuga las epidemias, y si no se tiene claridad sobre lo que ocurre dentro de las prisiones, si no se atienden las enfermedades que surgen al interior de las instituciones penitenciarias, después salen a población abierta a generar nuevos contagios, la prisión puede convertirse en un foco de contagio latente, recalcó.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) mencionó las propuestas del Informe, tales como revisar y armonizar el marco jurídico; la atención que se brinda donde se detectan cinco problemas por resolver: disponibilidad de medicamentos y de la propia atención, accesibilidad (por tratarse de población cautiva), ética médica, calidad en la atención, tratamiento y seguimiento y la atención especializada.
Un tercer bloque de propuestas se refieren a la prevención: elaborar diagnósticos precisos que permitan establecer la posible aparición de enfermedades al interior, vigilancia epidemiológica y atención de inequidades. “Queremos, junto con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y en especial con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, hacer una intersección de agendas para mejorar sustancialmente las condiciones sanitarias de las instituciones penitenciarias”.
Por su parte, la Subsecretaria del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Celina Oseguera Parra, reconoció que los resultados del Informe muestran los enormes retos que enfrenta el Sistema Penitenciario para hacer realidad el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, y da cuenta de las acciones realizadas para garantizar este derecho.
Aseveró que dentro de los Reclusorios hay 6.5 médicos por cada mil internos, de tal manera que el personal médico supera en más del 200% la media nacional y en 100% a la de la ciudad de México. Destacó que durante el periodo que se informa se pusieron en marcha tres unidades médicas adicionales a la cuatro ya existentes en los centros de reclusión y próximamente se reabrirá la Torre Médica Tepepan, con servicios médicos de segundo nivel. Dijo que en 2010 se registraron 958 quejas por presuntas violaciones al derecho a la salud en la CDHDF, y a noviembre de 2011 se registraron 645 quejas; es decir, 32.6% menos.
En su oportunidad, el Director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, AC, José Luis Gutiérrez Román, apuntó que el derecho a la salud de las personas privadas de libertad debe ser un imperativo jurídico irrenunciable, por lo que servidoras y servidores públicos están obligados a protegerlo. Comentó que el Informe Especial revela la vulnerabilidad que padecen hijas e hijos de mujeres internas, como las condiciones de vida insalubres, mala alimentación y falta de agua potable, lo que refleja que el derecho a la salud de este sector es una asignatura pendiente para la administración capitalina.
El Informe también destaca, agregó, cómo la discriminación ejercida por personal penitenciario y por la población privada de la libertad en contra de personas que viven con VIH/Sida, constituye un obstáculo para la prevención y el acceso a tratamientos, pues el temor a ser sujeto de exclusión justifica el subregistro. El Subsecretario de Servicios Médicos e Insumos de la Secretaria de Salud del Distrito Federal, Ricardo Juan García Cavazos, sostuvo que es un reto y una prioridad para el Gobierno capitalino el tema de la salud al interior de los centros penitenciarios de la ciudad, sobre todo la atención en el corto e inmediato plazo.
“De qué sirve que se tenga un gran hospital, muy bien equipado, si no tiene medicamentos o médicos bien preparados, o no se tenga el apoyo que permita controlar mejor el sistema dentro de un área de reclusión”, apuntó. A nombre del titular de la Secretaría de Salud local, Armando Ahued Ortega, destacó que en lo que va del 2011 se han brindado 340 mil atenciones en los reclusorios de la ciudad. Estos servicios médicos van desde problemas agudos, agresiones, enfermedades crónico-degenerativas, VIH Sida, tuberculosis, hepatitis, entre otros padecimientos.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México