El reconocimiento a nivel nacional se fortalece con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a través de ratificación de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1954 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979, que establece la obligación de los Estados de eliminar la discriminación hacia las mujeres en la vida política y pública, así como garantizar el derecho a votar, a ser elegibles para la ocupación de cargos públicos, formular y ejecutar políticas gubernamentales, participar en organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política.
A pesar de los importantes avances en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, la implementación de las disposiciones sigue siendo un reto, razón por la cual ha sido necesario establecer leyes de cuotas que aseguren la representación femenina en el poder legislativo, en los partidos políticos y en otros espacios públicos.
La participación de las mujeres como gobernadoras, presidentas municipales o en puestos de decisión dentro de la administración pública en general, sigue siendo un gran pendiente, por lo que se requiere el fortalecimiento de acciones y la generación de mecanismos efectivos para asegurar su representación en la vida política del país.
La CDHDF enfatiza la importancia de lograr el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres, a través del fortalecimiento de las acciones para impulsar su representación política, destacando la necesidad de reforzar la autonomía y empoderamiento de las mujeres indígenas y de las mujeres que viven con alguna discapacidad.
Para lograr un ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres, la representación política femenina debe ir acompañada del impulso de una agenda de género que promueva los derechos de las mujeres, que transversalice la perspectiva de género en las políticas públicas y el presupuesto, que fomente la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el ámbito familiar, así como la conciliación de la vida familiar y laboral.
El reconocimiento del voto femenino debe ser una realidad en todo el país, destacando aquellos casos donde este derecho sigue siendo un tema pendiente, sobre todo en las comunidades indígenas y rurales. Es necesaria la modificación de estatutos comunitarios a fin de garantizar la representación equitativa y la plena participación de las mujeres sin afectar los derechos colectivos.
Finalmente, se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a considerar de manera prioritaria los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género en la Reforma Política de la capital del país a fin de promover los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México