Subraya la pertinencia de apegarse a los preceptos normativos y principios de la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra el próximo análisis técnico-jurídico que, sobre el caso de la ciudadana Florence Cassez, tendrá lugar entre quienes integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Tras conocer que en los próximos días se discutirá en la Primera Sala de la SCJN el Proyecto de Resolución al Amparo Directo en Revisión 517/2011 sobre el caso Florence Cassez, coincide con la propuesta de la Ministra Olga Sánchez Cordero, en la necesidad de apegarse a los preceptos normativos y los principios de la Constitución, así como a los tratados internacionales de derechos humanos.
Este Organismo Defensor confía en que el próximo debate público se realizará en el marco de la racionalidad jurídica, la civilidad y la preminencia del Estado democrático y Constitucional de Derecho.
Según se ha conocido, la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero examinará las presuntas violaciones al debido proceso en el caso, denunciadas por diversos organismos públicos y organizaciones de derechos humanos, entre los que se cuenta la CDHDF.
En razón del contenido del Proyecto de Resolución, la CDHDF tiene la certeza de que la discusión técnica, apegada a derecho y con perspectiva de derechos humanos deben ser los ejes sobre los cuales deben desarrollarse las discusiones sobre el caso.
A finales de 2010, esta Comisión se sumó al amicus curiae que presentaron Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para ofrecer argumentos a los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado del Distrito en Materia Penal, quienes rechazaron un amparo directo que la defensa de Florence Cassez presentó en contra de la sentencia de condena que emitió la justicia federal en su contra.
Para la CDHDF, el de la ciudadana francesa forma parte de un gran número de casos penales en los que se manifiestan las debilidades del Sistema Procesal penal mexicano, observadas ya por instancias internacionales de defensa de derechos humanos.
El amicus curiae fue elaborado por el Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria», la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Gente de México por la Democracia y la CDHDF, que ofrecieron su opinión sobre aspectos que, en su convicción, debieron ser tomados en cuenta en el ámbito de colaborar en la resolución judicial.
De igual forma, en febrero de 2012, en el «Foro: Violaciones a los derechos del debido proceso en la investigación ministerial. Casos, causas y consecuencias», convocado por la CDHDF, especialistas como el Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex Presidente de la CDHDF, Luis de la Barreda Solórzano; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y hoy Consejero de la CDHDF, Miguel Carbonell; la investigadora del Centro de Investigación de Docencia Económicas (CIDE), Ana Laura Magaloni; y el ex Consejero de la CDHDF y Consultor para la Reforma Procesal Penal, Carlos Ríos Espinosa; coincidieron en señalar que «el montaje mediático armado bastaría para que, en un Estado de Derecho, se anulara el proceso y se dictara su inmediata libertad».
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México