Participan académicos, Organizaciones de la Sociedad Civil y profesionales de medios de comunicación en el Foro «Exhibición de presuntos culpables en medios de comunicación: una violación a los derechos humanos».
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, calificó como falso el debate sobre la posible colisión entre los derechos de las víctimas de delitos y los de las personas inculpadas y exhibidas ante medios de comunicación.
«Las consecuencias de la presentación de presuntos responsables genera un prejuicio que invierte la carga de la prueba, invierte la presunción de inocencia a una presunción de culpabilidad, el juicio ya está hecho y, más allá de las consecuencias jurídicas, la honra y la privacidad, la vida toda y las relaciones de las personas exhibidas quedan dañadas, de modo que el daño que se ocasiona no se repara», agregó.
Al inaugurar el Foro «Exhibición de presuntos culpables en medios de comunicación: una violación a los derechos humanos», reiteró que las garantías del debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia de las personas resguardan los derechos tanto de unos como de los otros, y lamentó la tendencia que desde finales del siglo pasado favoreció la prevención general positiva.
«Es vista como una medida de política criminal que desplaza la eficacia del sistema penal, de la capacidad para decidir entre las personas inocentes y culpables a la capacidad para generar mensajes de eficacia», explicó. Ahí se explica que, por ejemplo, las noticias policíacas hayan comenzado a subir a las primeras planas y de ahí a los debates electorales como temas prioritarios en las plataformas de los candidatos en México, al igual que en otros países del mundo, advirtió el Ombudsman capitalino.
El tema de la delincuencia organizada se vuelve central, recordó, hacia una lucha en términos de guerra contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, aderezado por la presentación por parte del Gobierno federal de quienes son considerados los líderes de los grupos delictivos, que hace suponer que hay muchos más que los pueden remplazar y así la lucha nunca se acaba.
«Parece ser que las autoridades de justicia encontraron en la presentación de personas ante los medios una ventana de oportunidad, ante la necesidad de los medios de información para producir noticias y de su propia necesidad para ofrecer resultados en materia de seguridad y para la sensación de que se está haciendo algo», finalizó.
En su participación en el Panel 1, el profesor de la Facultad de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Saúl López Noriega, felicitó la emisión de la Recomendación 3/2012 de la CDHDF, coincidiendo plenamente con los argumentos y los efectos del lenguaje mediático sobre las vidas de las personas exhibidas.
En lo que llamó un incentivo perverso, dijo que la autoridad de antemano busca ganar en un juicio mediático lo que debiera ganar con argumentos en el campo judicial y responsabilizó totalmente a las autoridades de procuración de justicia por la falta de objetividad de las mesas con armas y sustancias ilícitas con las que son presentadas las personas. Dijo que los medios de comunicación comparten parte de esa responsabilidad, ya que, además de los límites democráticos en un marco de derecho, no son ajenos a la creación y recreación de imágenes sociales negativas.
Por su parte, el profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), A.C., Juan Salgado Ibarra, se refirió al papel de la policía en las presentaciones y exhibiciones de inculpados, que ubicó claramente como un problema estructural dentro de los cuerpos de seguridad: «Cualquier elemento de la policía puede afirmar que actúa bajo las órdenes de sus superiores», apuntó.
Salgado Ibarra explicó que aunque un buen parámetro de las medidas para contrarrestar el delito sería el incremento del precio de las drogas en la calle, la policía abandona su función preventiva y aprovecha el miedo social para dar cuentas a través de las detenciones y la presentación de inculpados: «Ahí no hay un efecto contundente sobre los delitos».
Asimismo, se pronunció por la revisión del Poder Judicial y el papel de los jueces, el cual consideró previamente invadido por la exhibición que hacen las autoridades dependientes del Ejecutivo de las personas inculpadas, con lo que tienen un control de los daños desde el inicio.
En coincidencia, el Director de la Clínica de Interés Público del CIDE, Javier Cruz Angulo Nobara, agregó que el papel de la autoridad que ejecuta es la de amagar a los jueces a partir del proceso mediático. «Es como Alicia en el país de las maravillas», lamentó, «primero se dicta la sentencia y después de cortarle la cabeza a alguien, otro todavía puede gritar todavía que falta el proceso; la exhibición tiene efectos y da al traste con los Artículos 1º y 20 de la Constitución, porque el inculpado ya nunca será tratado en igualdad de condiciones».
El Panel 1 fue moderado por el Primer Visitador General de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, quien dijo que el debido proceso es una garantía que auxilia tanto a probables responsables como a las víctimas del delito y busca procurar que una detención sea legal, así como una defensa adecuada y una eficaz investigación, y que se garanticen el ofrecimiento de pruebas y su desahogo.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México