El Consejero de la CDHDF, José Woldenberg, identificó tres riesgos para la autonomía: el Ejecutivo, los Congresos y los partidos políticos.
En estos momentos de alta tentación autoritaria, el desafío para los Organismos Públicos Autónomos (OPAs) es preservar su autonomía, a pesar de ser un órgano de Estado, pero con vocación ciudadana, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
En la presentación de las «Memorias del Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos: Autonomía, universidades y medios de comunicación», el Ombudsman capitalino apuntó que no es casual que los OPAs germinaran en ámbitos como en la educación, la información y los derechos humanos, entre otros.
«Ámbitos en los que es importantísimo preservar este carácter público, que para ser tal tiene que ser de todas y de todos; no puede ser partidizado, expropiado, particularizado o privatizado, porque en ese momento se ponen en riesgo la esencia misma de lo público», subrayó.
Ante ello, comentó, a los Organismos Públicos Autónomos les toca ayudar a construir un nuevo entorno afín a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, en aras de garantizar que el espacio público siga siendo público.
Por su parte, el Consejero de la CDHDF, José Woldenberg Karakowsky, consideró que las entidades públicas autónomas están obligadas a actuar por encima de las apuestas políticas, a fin de hacer posible una mejor reproducción de la pluralidad y facilitar su coexistencia y competencia en un marco institucional democrático.
Identificó tres riesgos para la autonomía: el Ejecutivo, los Congresos y los partidos políticos. «Por supuesto que a los gobiernos les resultan incómodos organismos que actúan siguiendo su propia lógica; en ocasiones los Congresos no entienden que la necesaria independencia puede generar tensiones y desean exorcizarlas; y no es raro que los partidos políticos prefieran tener personeros que defiendan sus intereses en los órganos autónomos».
En ese sentido, afirmó que por esa vía lo único que se logra es erosionar a las instituciones en sus posibilidades y la confianza en las mismas. «La autonomía debe entenderse como un valor en sí mismo, que permite a las instituciones gobernarse a sí mismas sin injerencias externas y como un medio para alcanzar ciertos fines», finalizó.
A su vez, la Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (CAIP), Blanca Lilia Ibarra Cadena, consideró como requisito indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía el acceso a la información pública.
Lo anterior, prosiguió, para evitar la propagación de la incertidumbre social, la desconfianza en el gobierno, la corrupción, el autoritarismo y la incomunicación entre gobernantes y gobernados.
Ibarra Cadena anunció la realización del Séptimo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM): «La nueva agenda gubernamental ante los derechos fundamentales», a desarrollarse los días 3 y 4 de mayo en la ciudad de Puebla, Puebla.
En tanto, la periodista Sara Lovera, invitada de honor para comentar las «Memorias del Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM)», se pronunció por exigir a los medios de comunicación, y no el Estado, ser los garantes necesarios para que las y los periodistas tengan seguridad en su desempeño, buenos salarios y respeto a su labor.
Y se obliguen, añadió, a informar con mesura del acontecer diario del país para que a su vez cumplan con el derecho ciudadano a ser bien informado. En su oportunidad, el Abogado General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Raúl González Pérez, llamó a los Organismos Autónomos Públicos del país a vencer los obstáculos y retos que se les presentan arropándose en el principio de autonomía, porque es la forma en que se podrán consolidar los valores democráticos.
En la presentación de las «Memorias del Sexto Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos: Autonomía, universidades y medios de comunicación», participó también el Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán, Miguel Castillo Martínez.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México