La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidariza con el padre Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, quien anunció que dejará por tiempo indeterminado su labor en favor de los derechos de las personas migrantes. Lo anterior en razón de las crecientes amenazas de las que estaba siendo víctima.
Según diversas notas periodísticas, Solalinde decidió abandonar sus labores a favor de las personas migrantes, derivado de las múltiples amenazas de muerte que ha recibido, sin que se haya dado, en ningún caso, con los responsables. Por lo mismo, múltiples Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) recomendaron esta acción. Al respecto, la CDHDF en múltiples ocasiones, se había pronunciado para que se protegiera y apoyara al padre Solalinde.
De acuerdo a la información difundida por los miembros de la organización Movilidad Humana, el retiro del padre Solalinde de la región de Ixtepec, Oaxaca, constituye una acción de autoprotección, dado que el nivel y número de agresiones iban en aumento a pesar de las denuncias formalmente interpuestas ante el Ministerio Público, no sólo en contra de él sino contra las personas de la Pastoral que colaboran con la causa de los migrantes.
La CDHDF condena los hechos que han dado pie al retiro temporal del padre en el ejercicio del derecho a defender los derechos de los migrantes y manifiesta su preocupación ante la ausencia de un Estado garante del respeto, la garantía y protección de los derechos humanos.
La vulnerabilidad a la que se enfrentan las personas defensoras en este país, les obliga, en muchos casos, a abandonar las labores de defensa de los derechos humanos, situación que daña a toda la población pues sin personas defensoras, de poco sirven los derechos humanos.
Es necesario señalar que la labor de defensa de los derechos humanos, que ha realizado el padre Solalinde es ejemplar; sin embargo debería extrañar que sus acciones en favor de las personas migrantes, han devenido en diversas amenazas de muerte contra él, como contra los integrantes del albergue “Hermanos en el Camino”.
Que las personas defensoras renuncien a su labor, es una gran perdida para toda la ciudadanía, que obliga al Estado mexicano a recapacitar sobre sus obligaciones para garantizar el derecho a defender derechos humanos, del que goza cualquier persona en este país.
Por último, la CDHDF hace un llamado a las autoridades competentes, a proteger a las personas que integran el albergue “Hermanos en el Camino”, así como todas las personas que puedan ser atacadas derivado de la relación a favor de los derechos humanos.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México