Al reprobar las amenazas que ha recibido la Organización ambientalista Greenpeace en la ciudad de México, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, subrayó que el Estado no debe confrontar a sus ciudadanos, sino “poner las condiciones para que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, para que todas y todos podamos expresarnos con libertad y con seguridad”.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó que vengan de donde vengan estas amenazas, “vengan del propio Estado o de la criminalidad organizada, en ambos casos el Estado es el responsable de la seguridad y de que no se genere impunidad”.
Dijo que los casos de amenazas y amenazas cumplidas a otras defensoras y defensores de Derechos Humanos y también a quienes se dedican al periodismo, genera un contexto preocupante en el país, “y desafortunadamente las respuestas de las autoridades del país no sólo no son eficaces sino que además son intimidatorias”. En conferencia de prensa, González Placencia detalló que desde que la CDHDF tuvo conocimiento de tales amenazas ha acompañado a Greenpeace y asesorado para poner las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Consideró que es importante que además de las acciones legales que haya que hacer es necesario visibilizar que hay unidad en las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), capacidad de respuesta y capacidad de solidaridad. Hizo un llamado a las autoridades federales para que se esclarezcan los hechos que les han sido denunciados y que cumplan con su deber en lo que corresponda para que las presiones a Greenpeace, y en general las que han recibido todas las y los defensores de Derechos Humanos del país, cesen.
Señaló que la CDHDF seguirá promoviendo ante las autoridades locales las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los miembros de Greenpeace, a través de solicitud de medidas precautorias, “y si no responden las instancias locales lo haremos ante las internacionales; además de estar vigilando la actuación de la PGJDF, que tiene abiertas las averiguaciones previas”.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de Greenpeace México, Patricia Arendar, hizo un recuento de los ataques que ha recibido la organización ambientalista durante 2011 y señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha descalificado y hostigado a la organización por criticar la aprobación del proyecto Cabo Cortés, en Baja California Sur, además de acusarla junto con otras OSC de atentar contra arrecife Cabo Pulmo.
Mencionó que también han recibido amenazas de desaparición y muerte contra algunos de sus miembros que acudirían a participar a un evento al puerto de Acapulco, Guerrero. En este caso, añadió, se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero hasta la fecha no hay avances en las investigaciones. Así también, agregó, Greenpeace tuvo conocimiento de que podría ser objeto de ataques, debido a que el nombre de la organización aparecía en páginas electrónicas de grupos opositores a la nano y biotecnología. Indicó que la CDHDF emitió medidas precautorias en favor de Greenpeace dirigidas a la PGJDF y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).
La más reciente amenaza ocurrió el pasado 25 de noviembre al recibir en sus oficinas un sobre tamaño media carta color amarillo, enviado vía correo postal, dirigido a un colaborador de Greenpeace, y como remitente aparecía Juan José Suárez Coopel, Director General de Petróleos Mexicanos, en cuyo interior se halló una bolsa plástica con polvo color negro, conectada con dos cables del mismo color y un dispositivo.
Arendar aseveró que si bien estos ataques distraen su atención, no lograrán que dejen de hacer su trabajo: defender Cabo Pulmo, detener las siembras comerciales de maíz transgénico, impulsar su propuesta de revolución forestal y exigir frenar la explotación petrolera de aguas profundas. “Además de nuestras campañas, haremos todo lo posible por fortalecer el trabajo y las redes entre OSCs para evitar que avance la impunidad, para que el miedo no se apodere de todos y para que no se nos arrebaten los espacios democráticos ganados”, dijo.
Exigió resultados de las investigaciones iniciadas y que el Estado que cumpla con su función de proteger y garantizar la vida de los ciudadanos, de los defensores de los derechos a un medio ambiente sano y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
En muestra de solidaridad con Greenpeace estuvieron presentes el Director del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo; el Director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), Víctor Suárez; el Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes; el Director del Centro Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín; representante del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Ricardo Reynoso; del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo, y del Institutio Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortés.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México