También es un poderoso mecanismo de control de la función policial. «La ciudadanía tiene derecho a conocer si los procedimientos que norman la actividad policial son idóneos y respetuosos de los derechos», dijo.
El derecho de acceso a la información pública es una herramienta poderosa para verificar las acciones gubernamentales y para controlar la función policial, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
«El derecho de acceso a la información es una herramienta poderosa para verificar que el gobierno toma las medidas necesarias para garantizar los derechos de libertad», enfatizó.
Al participar en la «IX Semana Nacional de Transparencia», organizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), puntualizó también que este derecho es un poderoso mecanismo de control de la función policial.
«Hoy más que nunca se requieren ojos que controlen a la policía como un instrumento esencial del Estado para la protección de derechos fundamentales en general, y de la seguridad pública en específico», señaló.
Para alcanzar este propósito, dijo el Ombudsman capitalino, es necesario contar con información sobre el comportamiento individual de los agentes policiales y de las operaciones institucionales como un todo.
«La ciudadanía tiene derecho a conocer si los procedimientos que norman la actividad policial son idóneos y respetuosos de los derechos fundamentales; si los cuerpos de seguridad pública observan dichos procedimientos y si se avanza efectivamente en la prevención y el combate al crimen», comentó.
El Presidente de la CDHDF recalcó que el acceso a cierta información pública permitirá ejercer un control ciudadano sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
«También para observar si se llevan a cabo acciones para la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública; podremos evaluar los programas implementados para la capacitación y profesionalización de las policías y si éstos incluyen una perspectiva de derechos, así como de atención a víctimas del delito.
Y podremos conocer bajo qué supuestos es legítimo el uso de la fuerza y armas de fuego y si existen controles internos para prevenir la corrupción, así como los procedimientos de sanción», indicó.
Apuntó que el derecho de acceso a la información pública y el principio de máxima publicidad también tienen relevancia para la procuración de justicia, pues este principio se consagra tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cosío Díaz, enfatizó que todas las autoridades del Estado tienen que privilegiar en sus acciones el principio pro persona, a fin de proveer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Tiene que llevarlo a cabo, agregó, a partir de cuatro presupuestos teóricos, que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad.
«No sólo se protegen, se previenen, respetan o se garantizan, sino que además se hace en condiciones de interdependencia o de progresividad, lo cual es una extraordinaria carga para el funcionamiento de todos los órganos del Estado», concluyó.
En el panel de la «IX Semana Nacional de Transparencia», participaron también el Comisionado del IFAI, Gerardo Laveaga, quien fungió como moderador, y el profesor de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Islas.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México