Durante el Foro Violaciones a los derechos del debido proceso en la investigación ministerial. Casos, causas y consecuencias, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mariel Solís señaló que el daño más grande que sufrió como víctima de un caso de fabricación de culpables, fue que le quitaron su seguridad.
Al relatar su testimonio, la estudiante universitaria dijo estar considerando seguir un proceso en contra de quienes la metieron a la cárcel. Mencionó que luego de su liberación habló en privado con el entonces Procurador capitalino, quien le ofreció una disculpa. Fue contactada por la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito donde ha recibido terapia sicológica, y apoyo económico para subsanar los gastos que hizo su familia durante el proceso.
“Yo podía salir a la calle con mucha seguridad, incluso a veces llegaba noche de la Universidad; después de esto, no podía salir ni de día, sola, incluso acompañada, de repente me daban ataques de histeria, de repente no me quería bajar del Metro, lloraba, me daba mucho miedo, ya estoy mejor, pero para mí el daño más importante fue que me quitaron mi seguridad”, detalló.
Refirió que fue detenida y llevada a la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), luego, sin saberlo, fue presentada en una conferencia de prensa como responsable de robo y homicidio, trasladada al Reclusorio y consignada.
Mariel Solís fue acusada por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) como autora material del homicidio calificado y robo del profesor Salvador Rodríguez y Rodríguez, así como el homicidio en grado de tentativa en contra del profesor Carlos Bustamante Lemus. La fabricación de culpabilidad fue a partir del nombre y de una supuesta imagen.
En su intervención, el Primer Visitador de la CDHDF, Mario Patrón Sánchez, subrayó que el debido proceso es una garantía que auxilia, tanto a probables responsables como a las víctimas del delito, y reiteró que si la autoridad cuida que la detención sea legal, que el probable responsable tenga una defensa, recabar adecuadamente las pruebas, respeta los derechos de ambas partes.
Expuso que para este Organismo el caso de Mariel es representativo, y forma parte de un expediente acumulado de 32 casos con patrones que muestran una práctica y que no se trata de hechos aislados. “Es un caso excepcional por la respuesta institucional para liberarla después de unos cuantos días”.
Explicó que en este caso, la CDHDF estudia la exhibición ante los medios de comunicación, práctica sistémica de la PGJDF de exhibir a las personas que considera que son culpables, generando prácticamente un juicio paralelo: uno ante la sociedad y otro ante las instancias, violando múltiples derechos procesales, como la presunción de inocencia, la garantía de defensa adecuada, “es un mecanismo de inculpación”.
“Consideramos que la exhibición ante medios de comunicación de personas probables responsables de delitos, genera una serie de violaciones, incluso, la dignidad, la honra y la vida privada de las personas”.
Apuntó que la exhibición de los presuntos inculpados en los medios es un problema de la autoridad que detenta la información, al divulgarse datos que son propios de un expediente de investigación, “que de acuerdo a la Ley de Transparencia es información restringida; estamos hablando de datos de carácter personal como es la imagen de las personas”.
Mencionó que en el expediente que tiene la CDHDF está incluido el de Mariel Solís, como víctima de violaciones al debido proceso, “aunque este es un asunto excepcional donde la institución tuvo la capacidad de detectar sus errores y componerlos, pero no es lo que sucede en otros expedientes”.
Recalcó que el uso que da la autoridad a la exhibición ante medios de comunicación viola derechos humanos, tales como la presunción de inocencia, la independencia de la imparcialidad, “es decir, que la autoridad investigue y no prejuzgue; la defensa adecuada, y la honra, vida privada y dignidad, ya que las personas son estigmatizadas socialmente, su esfera familiar, social y profesional tiene graves impactos”.
El abogado Rafael Heredia, quien llevó el caso de Mariel, aseveró que, a través de las redes sociales, la ciudadanía fue quien sacó a la joven universitaria de la cárcel, “a nosotros nos tocó la parte técnica de acreditar que no había una responsabilidad penal”.
Resaltó que el caso de Mariel es un hecho extraordinario porque el entonces Procurador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se desistió de la acción penal y reconoció que su personal se equivocó, “hecho que no se había visto en décadas”.
Refirió que en México existe un problema grave de investigación científica de la Policía. Hizo énfasis en la afectación que sufren las personas que son exhibidas en medios, y se pronunció porque en los medios no se siga “acusando, juzgando y sentenciando”.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México