Defensoras y defensores de derechos humanos urgieron al Estado mexicano a atender a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, principalmente, víctimas de la violencia que azota diversas entidades del país, dejándolos en la orfandad o incluso obligándolos a engrosas las filas del crimen organizado como una forma de sobrevivencia.
En su participación en el Foro La violencia armada en México: violaciones graves de los derechos humanos, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Director General de Cauce Ciudadano, Carlos Alberto Cruz Santiago, llamó la atención sobre los campos de entrenamiento paramilitar, incluidos búnkers, en los grupos identificados como Zetas, el Cártel de Sinaloa o que trabajan para los hermanos Beltrán Leyva, porque han reclutado a niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.
“Solo el Grupo de los Beltrán Leyva calcula su ejército en 5 mil 500 jóvenes y los Zetas en 17 mil jóvenes. Y hablan de ejército, de milicias, de soldados; no les dicen mis chavos. Eso nos lleva a empezar a discutir en México, en términos del Derecho Internacional, cuál es la situación real por la cual estamos atravesando”, alertó.
A los secuestros y el sistema de leva practicado por esos y otros grupos criminales en Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas e incluso en Nezahualcóyotl, Estado de México, se suma la falta de oportunidades para su educación y desarrollo laboral.
En la Mesa 2: “Las Víctimas de la Violencia Armada: Niñas, Niños, Adolescentes, Mujeres, Migrantes, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, lamentó que la estigmatización del niño conocido con el sobrenombre de “El Ponchis”, sea sólo el referente para criminalizar a la mayoría de adolescentes y jóvenes, quienes han sido obligados a integrarse a alguna línea de mando en la maquinaria del narcotráfico y el crimen organizado: empaquetamiento, casas de seguridad, sicariato, cobro de cuotas y hasta en el lavado de dinero.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, urgió a un cambio en la política contra las drogas que vaya más allá de una confrontación armada en contra de los grupos del narcotráfico y atienda la prevención y tratamiento de las adicciones. En lo que calificó como una reacción policíaca ineficaz de los gobiernos ante los efectos del narcotráfico y del crimen organizado, dijo que las víctimas principales son sobre todo las mujeres, las y los niños y las personas adictas.
Armendáriz González insistió en que los más de 11 mil muertos que la prensa ha registrado en Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez, han tenido como consecuencia la invisibilización de los feminicidios, además de que los recursos para los huérfanos, hijos de narcos o de sus víctimas, incluyendo elementos policíacos, ha demostrado ser insuficiente.
En tanto, el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Juan Martín Pérez García, se refirió a la debilidad del Estado mexicano para enfrentar un tema tan complejo, como el que significa el combate al crimen organizado, cuando “cualquier hueco de ingobernabilidad ha sido ocupado por los Zetas”, y que incluye “la aspiración generacional de niños, adolescentes y jóvenes para acceder a la narcoexplotación”.
Refirió que la espiral de violencia ha cobrado el mayor baño de sangre entre adolescentes de 15 a 17 años y que las mujeres jóvenes también han incrementado su participación en el crimen organizado, así como en el número de decesos relacionados con otros delitos.
Pérez García lamentó que la Ley Federal de Justicia para Adolescentes se encuentre detenida y que ahora se pretenda incrementar la pena privativa de libertad, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló recientemente que 83% de quienes han sido encarcelados son reincidentes, contra 10% de jóvenes que compurgan penas alternativas.
La periodista del semanario Proceso e integrante de la Red de Periodistas de a Pie, Marcela Turati, recordó que desde 2007 los periodistas ven cada vez más en “el lugar de los hechos”, sangre fresca y cada vez más reciben en la redacción denuncias de personas que tienen a familiares desaparecidos.
Comentó que los medios de comunicación han tenido diversas fases en su labor; la primera fase fue llevar el conteo de los muertos; la segunda evidenciar la violencia: después retomó el discurso de los victimarios, reflejó sus acciones, las “narcomantas”, “los mutilados”.
Agregó que ha sido difícil “cubrir” a los sobrevivientes de la violencia, pues muy pocos quieren hablar y eso complica la labor, porque son testigos de secuestros, pero no quieren decir nada por temor, sienten que los están vigilando todo el tiempo. Señaló que, de crearse una “Comisión de la Verdad”, los periodistas podrían aportar mucha información de la que ha quedado en sus libretas. La Consejera de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, y Coordinadora General de Ririki Intervención Social, fungió como moderadora de la Mesa 2.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México