La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena los actos realizados por policías municipales de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 1 de noviembre contra personas que participaban en la marcha «Luto no basta: jornada de coraje y resistencia”, y que habrían llevado a la detención de unas 30 personas, incluyendo dos menores de edad, así como a la retención de dos periodistas, según diversas fuentes.
Por estos hechos, la CDHDF remitió el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y es de su conocimiento que la Quinta Visitaduría de ese organismo ha tomado cartas en el asunto.
Desde la tarde en que ocurrieron los hechos, diversas organizaciones civiles se comunicaron a la CDHDF para denunciar lo ocurrido y solicitar su apoyo, por lo que además de la remisión a la CNDH, este Organismo envió un oficio al Gobierno del Estado de Chihuahua solicitando su intervención, en función al Artículo 12 del Reglamento de la CDHDF para este tipo de casos.
De acuerdo con información proporcionada a esta Comisión por parte de numerosas organizaciones de derechos humanos, el primer incidente tuvo lugar cuando en el intento de policías de seguridad pública municipal por disolver la manifestación y reprimir las pintas, recurrieron al uso excesivo de la fuerza pública, golpes y detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifestaban en forma pacífica en la vía pública al filo de las 18:00 horas. En este primer incidente algunos periodistas también recibieron agresiones por parte de las mismas autoridades.
Un segundo incidente, de acuerdo con la información recibida, ocurrió en la estación de Policía de Aldama, cuando un grupo de manifestantes se presentó a exigir la liberación de las personas detenidas, por lo que nuevas personas fueron detenidas, entre los cuales se encontraban dos reporteros que fueron retenidos a pesar de identificarse. De estos incidentes, numerosos medios han publicado material videográfico que documenta los hechos señalados.
Estos hechos se suman a los ya reprobados por la CDHDF y ocurridos el pasado 21 de octubre con la detención de promotores juveniles a manos también de elementos de la policía municipal de Ciudad Juárez.
Para la CDHDF es motivo de preocupación el hecho de que la información recibida muestra que este cuerpo policiaco se encuentra al mando del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, Secretario de Seguridad Pública, quién cuenta con denuncias por tortura cuando fue funcionario del Gobierno de Baja California y que dio origen a la Recomendación 6/2010 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado.
La CDHDF ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por las políticas “de mano dura” como forma de solucionar problemas sociales, sobre todo cuando se dirigen contra la ciudadanía que ejerce sus derechos a la libertad de expresión, manifestación y a defender derechos humanos.
La recurrencia a las formas de violación a los derechos, como son los golpes, agresiones, detenciones arbitrarias y apertura de averiguaciones previas en contra de organizaciones sociales y de ciudadanos en general, pueden constituir una política de criminalización de la protesta social.
Por lo anterior, la CDHDF se suma a las demandas ciudadanas para exigir la liberación inmediata de las personas detenidas, la investigación y sanción a las autoridades responsables de las posibles violaciones a los derechos humanos en estos incidentes, así como la creación de una política municipal para garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la manifestación y a la defensa de los derechos ciudadanos.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México