La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el asesinato de don Trinidad de la Cruz Crisóstomo, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Aquila, Michoacán, con huellas de tortura, después de haber sido privado de su libertad el pasado 6 de diciembre.
Asimismo, se solidariza con los familiares de don Trino, con las víctimas y con los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), quienes han sido atacados de manera sistemática en estos últimos meses. Don Trino fue privado de su libertad cuando se integraba a una comitiva del MPJD. Poco antes de localizar su cuerpo, integrantes del Movimiento por la Paz denunciaron que otros dos de sus integrantes, Eva Alarcón y Marcial Bautista, también fueron secuestrados la noche del 6 de diciembre cuando se dirigían de Petatlán a Chilpancingo, en Guerrero.
De acuerdo con notas periodísticas, dichos integrantes ya habían requerido medidas de protección ante las amenazas sufridas. Por otra parte, Nepomuceno Moreno Núñez, defensor de derechos humanos e integrante del MPJD, fue ejecutado en Hermosillo, Sonora, a pesar de solicitar protección ante las amenazas recibidas por exigir justicia en el asesinato de su hijo. Con anterioridad, el 6 de octubre de 2011, fue ejecutado Pedro Leyva Domínguez, integrante del MPJD, de quien se señaló que tenía problemas con otros comuneros, sin tomar en cuenta su activismo y labor en defensa de los derechos humanos.
La CDHDF también conoce de ataques perpetrados en contra de personas que simpatizan y apoyan el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como los ataques cibernéticos a sitios que apoyan las acciones del citado Movimiento.
Ante esta ola de violencia, para la CDHDF resulta preocupante que la respuesta de las autoridades sea la de señalar que los actos expuestos son calumnias para manchar el nombre del país, en lugar de investigar y sancionar a los responsables de ello. La CDHDF llama a las autoridades competentes a brindar protección a favor de las y los integrantes del MPJD, conforme al mecanismo federal de protección a personas defensoras de derechos humanos, y analizar el riesgo que corren a fin de establecer acciones que puedan evitar que las agresiones continúen ocurriendo.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México