El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que el derecho a protestar está constitucionalmente protegido y, por lo tanto, no debe ser objeto de actos discriminatorios, políticas de represión o de abusos por parte de los representantes de la autoridad.
En el lanzamiento de la Campaña Protestar es un derecho, Reprimir es un delito, dijo que la democracia plena exige derogar tipos penales ambiguos que imponen penas desproporcionadas frente al ejercicio del derecho a protestar.
El sistema penal, explicó, debe ser utilizado en los casos en los que se cometan delitos, de manera proporcional y con estricto apego al debido proceso, así como observando límites claros cuando se trata del ejercicio de derechos.
El Ombudsman capitalino celebró que la Campaña incluya, además de acciones concretas de difusión sobre el derecho a la protesta, la revisión de los tipos penales que han sido utilizados para criminalizar a la protesta social y que imponen penas desproporcionadas: «Cuando la reacción frente al ejercicio de este derecho implica un abuso de autoridad y de poder, se comete un delito».
Al respecto, dijo que a la CDHDF le preocupa la reacción social que se generó después del 1º de diciembre: «No respecto de las detenciones que la CDHDF documentó como arbitrarias, sino por la sensación de impunidad que quedó una vez que las cosas se resolvieron como se resolvieron».
Y es que, efectivamente, subrayó, «Hay impunidad, tanto en los casos en que las personas fueron detenidas arbitrariamente y recibieron malos tratos, en riesgo de ser víctimas de un sistema penal que pudo haberlos procesado como si fueran delincuentes, tanto como en los casos en que otras personas fueron dañadas por algún hecho delictivo».
Insistió en que se comete delito cuando se transgrede la ley por parte de un ciudadano, pero también cuando ocurre por parte de un servidor público, con el agravante de que se trata precisamente de alguien que está para servir.
En su intervención, el Director del Centro Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., Miguel Concha Malo, celebró la oportunidad de la Campaña, aunque lamentó que la criminalización de la protesta social es una práctica sistemática del Estado para desactivar toda acción organizada de los movimientos, grupos, colectivos o personas que defienden sus derechos humanos y ejercen el legítimo derecho a la manifestación pacífica y la protesta.
Dijo que las acciones represivas se han hecho presentes en varios puntos del país: «No cesan leyes, como el Artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, ni prácticas judiciales que posibilitan situaciones estatales como las que desde hace años hemos denunciado como antidemocráticas y autoritarias».
Por su parte, la Secretaria Ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Agnieszka Raczynska, dijo que los delitos y las acciones represivas en contra de la protesta social son muy pocas veces investigadas y que en cambio van desde acciones represivas policiacas, utilizar la ley para sancionar a las y los defensores y líderes sociales, descalificando su trabajo y difamándolos en su vida personal.
La protesta social es una expresión del descontento ciudadano frente a las decisiones en las que no han estado involucradas las personas y que se sienten perjudicadas en el ejercicio de sus derechos, reiteró.
El integrante del Comité Cerezo, Francisco Cerezo Contreras, señaló que no sólo el sufragio durante el proceso electoral es un canal para el ejercicio de la democracia, sino también la protesta social.
El Director del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», José del Rosario Marroquín, rechazó las intenciones de reducir la protesta social a espacios cerrados, ya que ese derecho no está fuera, sino dentro del marco jurídico, y con las contradicciones que deban resolverse.
El integrante del Comité Jurídico y de Derechos Humanos #YoSoy132 (COJUDDHH 132), Miguel Silva, explicó que la Campaña tiene como objetivos visibilizar las violaciones a los derechos humanos que emanan de una práctica de tratos discriminatorios hacia la juventud así como de la criminalización de la protesta social; informar y sensibilizar a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos en un contexto de manifestación social, a autoridades, empresarios y a la población en general; proponer la derogación de los Artículos del Código Penal del Distrito Federal utilizados para criminalizar la protesta social y el ejercicio a la libertad de expresión (342 y 362); y visibilizar la responsabilidad de las autoridades para atender las problemáticas que se plantean por medio de la protesta social, así como las repercusiones legales de la represión gubernamental.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México