El arraigo, hoy por hoy, hace del sistema penal el principal riesgo para la libertad de las mexicanas y los mexicanos, aseveró el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Al participar en la inauguración del Foro «Reforma penitenciaria y arraigo. Acciones urgentes frente a la Reforma Constitucional en Derechos Humanos«, insistió en que nunca se justifica una situación que provoca la cadena de violaciones a los derechos humanos. “Aun cuando pueda justificarse en muchos casos, con tan sólo uno en que no se justifique, significó la decisión de violar gravemente los derechos humanos de las personas, en aras de una situación que de cualquier manera no estamos logrando controlar”, explicó.
Dijo también que la detención de víctimas del sistema de justicia debe llevar a la reflexión sobre qué tanto la cárcel es una respuesta eficiente frente a la delincuencia o paradójicamente le provee de una bolsa de trabajo.
En la inauguración estuvieron presentes los Senadores Carlos Navarrete, José Luis García Zalvidea y la Senadora Rosario Ibarra; el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebollo; el Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia; el Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. (CJDH), Ricardo Sepúlveda Iguíniz; y el Director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez.
En la Mesa 1 “Los Derechos Humanos en el nuevo Sistema Penitenciario y la Reinserción Social”, dijo que en el espíritu de la Reforma Constitucional en materia de justicia penal de 2008 no es ocioso el cambio de concepto de readaptación por el de reinserción social, así como de un sistema acusatorio que deje atrás el enfoque de “peligrosidad”.
En los hechos, dijo que significa sancionar sólo a las personas que cometen delitos y de que el Estado se responsabilice por su tutela mientras están privadas de libertad, garantizándoles el ejercicio de sus derechos al trabajo, capacitación laboral, educación, salud y el deporte como medios para lograr su reinserción social, procurando así que no vuelvan a delinquir, tal como lo establece el Artículo 18 Constitucional.
Podría cuestionarse que garanticemos los derechos humanos de quienes cometen delitos, señaló González Placencia, pero “Hoy no hay readaptación y sí un encadenamiento al círculo delincuencial”. Con la Reforma, agregó, el papel de los jueces de ejecución recobra facultades del sistema judicial, tales como la decisión sobre penas alternativas, traslados o preliberaciones, decididos hoy sin una base jurisdiccional delegada en los equipos multidisciplinarios y estudios de la personalidad del inculpado.
En la Mesa 1 participaron también el Consejero de la CDHDF, Carlos Ríos Espinosa; la ex Consejera de la CDHDF, Elena Azaola Garrido; el Coordinador de Asesores del Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Guillermo González Medina; y Beatriz Jaimes Ramos, en representación de la Ministra de la SCJN, Olga Sánchez Cordero. El Foro fue convocado por la CDHDF, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el CJDH y la CMDPDH.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México