Ante lo que calificó como un resultado alarmante en la lucha iniciada hace cinco años, que ha dejado un saldo de miles de muertos y muy pocos procesos judiciales, el jurista y profesor italiano Luigi Ferrajoli insistió que “la respuesta judicial es la única que puede deslegitimar a la criminalidad y al crimen organizado».
Al dictar la Conferencia Magistral “Constitucionalismo y jurisdicción”, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el autor de la teoría del garantismo penal dijo que “La gran fuerza del derecho consiste en su asimetría con el delito”.
Cuando se responde al delito con la lógica de guerra, agregó, se baja al Estado al nivel de los criminales: “Solamente el Derecho puede deslegitimar las acciones criminales, la asimetría de su respuesta respecto a los crímenes los deslegitima políticamente, socialmente, moralmente; sólo así el Estado se alza ante el crimen y sobre quienes cometen delitos”.
En ese propósito, dijo: “En un país como México, donde existe esta tragedia del drama de la criminalidad organizada, el sistema penal no puede ser ocupado en hechos bagatelares, inútiles, pequeños, sancionados con pequeñas sanciones pecuniarias. El derecho penal debe retomar su credibilidad, retornar a observar hechos más graves”.
Se refirió también al nexo entre igualdad e imparcialidad de la acción penal, donde los ciudadanos que denuncian no deben estar expuestos a la venganza: “Debe haber un procurador independiente y que dé garantía de los derechos a la seguridad; lo mismo la independencia de la policía que debe responder al crimen organizado, en tanto más eficaz si es una respuesta a través del derecho”.
Señaló que frente a la expansión del poder de los jueces, es necesaria una refundación de la legalidad penal, pues no es suficiente la reserva de ley: “Contra la jurisprudencia de los jueces desordenados es necesaria la prudencia de la ley. Contra los legisladores desordenados es necesaria una garantía más, una reserva de código”.
Todas las normas penales, propuso Ferrajoli, deberían ser incluidas en un único texto, todas las normas sobre la pena, sobre el proceso, para garantizar la verdadera unidad como sistema, su coherencia interna y sus sistematicidad e imponer un límite a la demagogia populista, al populismo penal, que se manifiesta en la producción de leyes inútiles, con la única finalidad de satisfacer los impulsos represivos de la sociedad.
En dichas circunstancias, advirtió, es muy fácil considerar al derecho penal como una regleta mágica con la cual aumentando las penas se produce una cancelación o reducción de los delitos. Son necesarias sobre todo las clásicas garantías penales y procesales: la ofensividad, la materialidad, la culpabilidad, las garantías procesales del justo proceso, porque solamente un derecho penal mínimo que se limita a penalizar las conductas más graves puede ser también un derecho penal eficiente.
Y es que, insistió, “La separación entre derecho y moral es una de las grandes conquistas de la humanidad, de la civilidad, un corolario del principio de legalidad. La separación es una garantía de certidumbre que produce inevitablemente la diferenciación entre el punto de vista externo de la moral y de la política y del punto de vista interno del derecho”.
Finalmente, señaló que una garantía esencial, que puede ser utópica, reconoció, debería ser la prohibición de las armas, de su producción, de su comercio: “Las armas deberían ser bienes ilícitos. La fuerza del Estado debe construirse con el poder y el desarme de los ciudadanos: en Italia nadie quiere un arma, a excepción de los integrantes de la mafia, y hay 600 homicidios al año en una población de 60 millones de personas; en México son 20 mil, en Brasil 44 mil. Y esto ¿Por qué?, por la disponibilidad de armas; cuando uno tiene un arma puede suceder cualquier cosa”.
Al comentar los planteamientos de Luigi Ferrajoli, el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, coincidió con el llamado a mantener la asimetría entre el Estado y la criminalidad: “Efectivamente, continuar la lucha contra la criminalidad organizada, como se ha hecho hasta ahora, trasladado a la criminalidad convencional en la ciudad de México, da como resultado una sobreutilización de la policía, del derecho penal y un uso exacerbado de la prisión preventiva y como pena, ocasionando un fuerte problema de sobrepoblación penitenciaria”.
Y agregó que el llamado a mantener la asimetría pasa por replantear necesariamente la estrategia pensada entre militares, marinos y policías contra criminales, a un planteamiento de jueces, de ministerios públicos, de defensores.
Destacó también que la inversión entre derecho y política, reconociendo al derecho como producto de la política, propone una nueva relación en la que la política queda sujeta a los derechos y limita la expansión de los poderes del Estado: “Tenemos una expansión de los Órganos Autónomos que proponen una visión de la administración pública más allá de los tres poderes convencionales”.
La Conferencia fue convocada por la CDHDF, a través del Centro Investigación Aplicada en Derechos Humanos y de su Servicio Profesional en Derechos Humanos, y por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México