La CDHDF se une a la solicitud de organismos nacionales e internacionales para garantizar la seguridad de Vidulfo Rosales Sierra.
Organizaciones nacionales e internacionales que defienden derechos humanos manifestaron su preocupación por las amenazas en contra del abogado Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y consideraron que constituyen una represalia al trabajo que el Centro desarrolla en favor de la población guerrerense desde hace más de 18 años.
Vidulfo Rosales Sierra, beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), recibió en fecha reciente una amenaza anónima. El texto en cuestión hace alusión a los casos que acompaña la organización y señala: “LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”.
Ante tales hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se une a la demanda de un centenar de organismos para que las autoridades estatales y federales implementen efectivamente, de manera inmediata y urgente, las medidas de protección solicitadas para garantizar la seguridad e integridad del defensor Vidulfo Rosales Sierra, la de su familia, así como la del equipo que conforma Tlachinollan.
Tlachinollan informó que presentó formalmente una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, y que representantes de la organización y el propio abogado Rosales Sierra sostuvieron una reunión con funcionarios del Gobierno del Estado, pero lamentó que no hayan asistido representantes del Gobierno federal para refrendar compromisos y asegurar la eficacia de las medidas discutidas.
Las organizaciones solicitantes señalan que las condiciones que ahora enfrenta el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es reflejo del deterioro de la situación en que los defensores y las defensoras realizan su labor a lo largo del país.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México