Los hechos forman parte de una cadena de actos de acoso tales como allanamientos, robo, llamadas telefónicas, vigilancia y persecución.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena los allanamientos que han sufrido dos defensoras de derechos humanos en la ciudad de México, así como el robo perpetrado en las oficinas de la asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
La defensora de derechos humanos, María Auxilio Heredia Anaya, denunció que el pasado 28 de enero ingresaron a su domicilio personas desconocidas, quienes revolvieron sus pertenencias, pero sin robarle nada. Al respecto, la CDHDF solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que dichas acciones sean investigadas en la Fiscalía que atiende casos específicos con base en el acuerdo A/10/2010.
Por otra parte, la Presidenta de la Fundación Diego Lucero A.C., Blanca Hernández, hizo del conocimiento público a través de diversas acciones urgentes, que el 18 de febrero de este año sujetos desconocidos violaron la chapa de la puerta de la entrada a su casa, sin que se introdujeran a su domicilio y sin que sustrajeran objeto alguno.
Asimismo, personal de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca denunció que fueron víctimas de un allanamiento a sus instalaciones el 3 de noviembre, situación que se repitió el 3 de marzo de 2012. Los hechos forman parte de una cadena de actos intimidatorios tales como llamadas telefónicas, vigilancia y persecución, los cuales se inscriben en una grave situación de criminalización y acoso contra los defensores de derechos humanos, lo que derivaría en el incumplimiento de la obligación del Estado para proteger, promover y garantizar el ejercicio de defender derechos humanos.
En este contexto, las agresiones en contra de mujeres que ejercen su derecho humano a defender derechos humanos, se inscribe en una serie de violaciones al derecho a defender derechos humanos acontecidas a lo largo del país en este año y registradas por la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF, entre las cuales se encuentran otros presuntos casos de intimidación en contra de mujeres defensoras de derechos humanos.
Recientemente la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, fue agredida físicamente y lesionada el 4 de febrero por un desconocido mientras se encontraba en calidad de refugiada en esta ciudad. Otro caso es el de Lucina Bettina Cruz Velásquez, quien el 22 de febrero fue detenida por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), señalada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de haber cometido los delitos de privación ilegal de la libertad y contra la generación de riqueza nacional, derivado de su lucha en contra las altas tarifas de esta Comisión y la imposición de un proyecto eólico.
Ante ello, la CDHDF retoma los contenidos del “Comentario a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos”, presentado el día de ayer en las oficinas de Naciones Unidas en la ciudad de México.
Por tanto suscribe la necesidad de que las autoridades federales y locales prevengan violaciones de los derechos de las y los defensores que se encuentran bajo su jurisdicción, adoptando medidas legales, judiciales y administrativas, así como cualquier otra medida que asegure el pleno disfrute por parte de los defensores y defensoras de sus derechos; investigando presuntas violaciones; procesando a los presuntos autores; y otorgando a las y los defensores las reparaciones e indemnizaciones necesarias.
En este sentido, la CDHDF considera de gran importancia la investigación de los hechos señalados, mismos que han sido denunciados por las afectadas, pues sin una debida investigación es indeterminado el riesgo al que se enfrentan las defensoras y a su vez, al incrementarse los índices de impunidad, se envía un mensaje contundente: atacar, criminalizar y hostigar a los defensores no tiene costo alguno.
Por tal motivo la CDHDF hace un llamado a las autoridades competentes para que se asuman los deberes del Estado mexicano respecto a proteger a este sector de la población, como lo establecen los Artículos 2, 9 y 12 de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México