La CDHDF condena los hechos ocurridos en la Delegación Iztapalapa, en dónde cinco personas perdieron la vida (dos de ellas menores de dieciocho años de edad) y dos más resultaron heridas por disparos de armas de fuego.
Por lo mismo requirió a través de medidas precautorias que se garantice el derecho a la vida de las personas afectadas, se realice la investigación debida para el pleno esclarecimiento de los hechos y la identificación, recolección y custodia de las pruebas, así como medidas para prevenir en un futuro hechos similares.
En este contexto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal debe investigar los hechos de manera eficaz y eficiente, para así determinar las causas y sancionar a los responsables como parte de la protección del derecho a la vida. Los procesos judiciales que se inicien en torno al caso se hagan bajo el principio de igualdad y no discriminación, respetando los derechos de las víctimas, así como la integridad y seguridad personal de las y los jóvenes involucrados.
Es necesario destacar que hechos como los ocurridos el día de hoy, usualmente se pretenden atacar a través de medidas punitivas altas y programas de mano dura sin considerar el contexto de las y los jóvenes, particularmente a las que habitan en zonas populares y quienes son particularmente criminalizados y discriminados.
Asimismo, es importante reiterar la necesidad de una política integral a favor de las juventudes que habitan la ciudad de México, cuyo objeto debiera ser proteger, respetar, promover y garantizar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las y los jóvenes, descartando en todo momentos la persecución de jóvenes o su intimidación con presencia militar o de la policía federal.
Con base a las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), se deben de establecer mecanismos para que los distintos actores involucrados que dan seguimiento a operativos, se hagan con base en criterios basados en derechos humanos y no discriminatorios de las y los jóvenes, así como diseñar mecanismos de monitoreo y evaluación para identificar si se ejerce algún tipo de violencia en contra de la población juvenil por parte de las y los servidores públicos responsables de la seguridad pública.
FUENTE: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México