La voluntad política de los gobernantes no es suficiente para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales, manifestó Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Subrayó que hoy se requiere que participen en forma activa y efectiva los diversos sectores de la población, donde la clave sea la conjunción de esfuerzos tendentes al logro del bienestar social. Tras señalar que en los últimos años se ha exigido mayor responsabilidad de los tres ámbitos de gobierno para garantizar la tutela de los derechos humanos, destacó que poco se ha hecho sobre los deberes de los particulares para con el país.
Plascencia Villanueva habló ante alumnos, personal docente, investigadores y autoridades del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas “Universidad Salazar”, al dictar la conferencia magistral “Cultura de la Legalidad y los Derechos Humanos en México”.
El Ombudsman nacional puntualizó que el comportamiento de un individuo en la sociedad es de suma importancia, ya que en un Estado como el nuestro la base y fundamento de la organización deriva de los deberes a los que estamos comprometidos. Precisó que los deberes de las personas pueden resumirse en uno solo: cumplimiento de la norma jurídica. “En la medida en que tomemos conciencia y nos veamos como sujetos constitucionales‟, reconociendo una corresponsabilidad con los órganos del poder público existirá un cambio en la percepción de los problemas y en la manera de afrontarlos, en beneficio de la colectividad”.
Recordó que en un primer momento el propósito de la Constitución fue contener la arbitrariedad del poder público y garantizar las libertades fundamentales de los individuos, en tanto que el constitucionalismo social busca establecer el deber del Estado en promover los derechos humanos y no sólo limitar sus atribuciones. Es así como el individuo pasa de sujeto pasivo receptor de derechos a un sujeto activo en quien recaen responsabilidades derivadas de la norma jurídica.
Raúl Plascencia consideró que el cambio no ha sido completo, ya que el texto constitucional adolece de una formulación sistemática de los deberes públicos de los habitantes. Por ello subrayó que uno de los principios que rigen la convivencia pacífica de las sociedades libres y democráticas es el de la legalidad. Una cultura de la legalidad demanda eliminar esquemas de comportamiento que se han convertido en algo cotidiano, como la corrupción, impunidad, soborno y acuerdos al margen de la ley.
De ahí que la CNDH analiza y sistematiza las obligaciones que consagra nuestro sistema jurídico en la Carta de Deberes de las Personas. “El principio de todos los derechos para todos exige del complemento de un compromiso de carácter social y ético, basado en aspectos de legitimidad jurídica”.
Puntualizó la necesidad de que quienes habitan en el territorio nacional reconozcan y acaten la norma jurídica. “No se debe olvidar que el respeto a la ley y a las instituciones públicas fortalece el Estado de Derecho, lo cual refuerza la confianza en los individuos y propicia las condiciones para el desarrollo social”.
FUENTE: CNDH de México.