La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió su Recomendación 36/2010, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Procuraduría General de la República (PGR). Se trata del caso de 13 personas que el día 3 de abril de 2010 viajaban en una camioneta y fueron agredidas con disparos y granadas de fragmentación por elementos militares en Ciudad Mier, Tamaulipas. Como resultado de ese hecho murieron los menores Martín y Brayan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, y cinco personas más fueron heridas.
A la fecha la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana no ha iniciado procedimiento alguno por ese hecho y sostiene que los efectivos militares no cometieron violaciones a derechos humanos de las víctimas. Del análisis del expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica y al derecho de los menores a que se proteja su integridad.
Además, la CNDH no encontró sustento a lo dicho por la autoridad de que la muerte de los menores y las heridas a cinco personas fueron resultado de fuego cruzado entre personal militar y delincuentes. De acuerdo con los certificados de necropsia desarrollados por el perito médico forense habilitado de la Procuraduría de Tamaulipas, en sus conclusiones se establece que los menores murieron por proyectil de arma de fuego. Esa afirmación es coincidente con declaraciones de sobrevivientes y con la opinión técnica médico legal elaborada por la Coordinación de Servicios Periciales de la CNDH.
Para la CNDH los elementos militares que participaron en los hechos trasgredieron la Constitución, leyes y normas de carácter nacional, así como diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos.
En su recomendación, que puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx, la CNDH solicita a la SEDENA indemnizar a los familiares de los menores muertos, reparar los daños físicos y psicológicos a las demás víctimas e instruir que servidores públicos de esa dependencia no alteren las escenas de los hechos. Que el personal militar sea sometido periódicamente a exámenes toxicológicos y psicológicos; que esas pruebas se practiquen a quienes participaron en los hechos y los resultados se integren a las averiguaciones previas.
También que la SEDENA colabore con la CNDH en el diseño de un programa de capacitación en derechos humanos y en los procedimientos que promoverá ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de esa dependencia y ante la PGR. A la Procuraduría General de la República le pide esclarecer los hechos, que los agraviados tengan acceso a la justicia y se castigue a los responsables.
Además que a dos agraviados se les reconozca su carácter de víctimas del delito y que colabore con la CNDH en la investigación que promoverá ante el Órgano Interno de Control de la PGR contra quienes intervinieron en los hechos.
FUENTE: CNDH de México.