Las constantes muertes violentas que se registran en el país, que dejan como saldo un promedio de una víctima cada 72 minutos, “desnudan” la política de seguridad impuesta por el gobierno del presidente Porfirio Lobo en sus más de 20 meses al frente del gobierno según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El titular del organismo humanitario, Ramón Custodio, reveló que en los primeros once meses de la gestión del presidente Lobo (febrero – diciembre 2010), al menos, 5,850 personas perdieron la vida en forma violenta, es decir, alrededor de 18 víctimas diarias.
La situación lejos de mejorar empeoró en el primer semestre del 2011 al registrarse la muerte violenta de 3602 personas, lo que significa un promedio de 600 víctimas mensuales o una cada 72 minutos. Custodio lamentó que “en materia de seguridad se siga jugando a la piñata, dando palos de ciego, con un problema que crece cada día”.
“No nos estamos comportando a la altura del siglo XXI, y se sigue intentando frenar un problema con “medicinas” que ya fueron probadas y que son un fracaso”, sentenció el titular del organismo humanitario.
Desde febrero del 2006 a junio de 2011 (65 meses), tres presidentes han gobernado el país con resultados nada halagadores en materia de seguridad ya que se han registrado 25,859 muertes violentas de personas, más del 80% víctimas de las armas de fuego.
En el gobierno del ex presidente Manuel Zelaya el saldo fue de 13,320 muertes violentas, en los siete meses del gobierno de Roberto Micheletti se registraron 2,468, mientras que, en 17 meses presididos por Porfirio Lobo, la cifra ronda alrededor de las 9,500 víctimas.
Preocupado por la situación de violencia delincuencial en el país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, recomendó al gobierno del presidente Porfirio Lobo definir como una prioridad nacional el derecho a la seguridad pública, plasmándola en una política de Estado coherente y participativa.
El defensor de los Derechos Humanos lamentó que entre el 2006 y junio de 2011 hayan perdido la vida en forma violenta 25,859 personas, que ubican al país en uno de los más violentos del mundo. Custodio señaló que hay departamentos que requieren atención inmediata, por parte de las autoridades gubernamentales, por el número de muertes violentas que registran.
Para el caso, en los primeros seis meses del 2011, entre los departamentos con las mayores tasas de muertes violentas están Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Yoro, Copán, Comayagua y Olancho. Recordó que entre el 2008 y el 2010, el departamento de Cortés se ubicó en el primer lugar de muertes violentas con 4,844 decesos, bajo esas circunstancias.
Agregó que, durante el mismo período, en Francisco Morazán, se registró la muerte violenta de 2,828 personas que lo ubican en el segundo lugar, seguido por los departamentos de Atlántida con 1,389, Yoro 919 y Copán con 840 homicidios. En lo que respecta a la tasa de homicidios por cada 100,000 habitante, Custodio, hizo énfasis en el registró que hay del departamento de Atlántida que desde el 2005 ha estado por encima de la tasa nacional.
En el 2010, la tasa de homicidios en ese departamento insular fue de 131.8 por cada 100,000 habitantes, muy superior a la tasa nacional que fue de 77.5 y casi 15 veces más alta que la mundial establecida en 8.8. Otros departamentos que en el 2010 registraron tasas de homicidios muy por encima de la nacional fueron Cortés con 112.8, Colón con 88.6, Copán y Yoro con 85.9 y Olancho con 78.7.
Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ubicó a Honduras como el país con mayor índice de homicidios en Centroamérica, con una tasa de 82.1 homicidios por cada 100 mil personas, la más alta a nivel mundial. La situación en Honduras es crítica, dijo Custodio, si se toma en cuenta que en el año 2000 se registraba un promedio de 8.7 homicidios por día, cifra que alcanzó un promedio de 20 en los primeros meses del 2011.
El Ombudsman hondureño es del criterio que los cambios realizados hasta ahora por el presidente de la República, Porfirio Lobo, en materia de seguridad, indican el fracaso del gobierno en esta etapa de su mandato y espera que los nuevos funcionarios sepan superar lo que se ha hecho mal y lo mejoren.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras