Se calcula que, entre el 2004 y 2014, en 20 municipios de 11 departamentos del país, alrededor de 41.000 familias han sido afectadas por este fenómeno con un número de 174.000 personas forzadas a desplazarse internamente.
Las solicitudes de refugiados aumentaron en casi 576% en los últimos seis años, se reveló hoy en el taller sobre definiciones y normativa internacional del desplazamiento forzado por la violencia, patrocinado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En el evento, se informó que, en los últimos diez años, la vulneración de los derechos humanos de los habitantes de Honduras, aumentó sustancialmente a causa del accionar de las maras, pandillas, narcotráfico, el crimen organizado y otras formas de violencia.
Se concluyó que esta situación de inseguridad y la falta de mecanismos de protección, están entre las principales causas que provocan el desplazamiento forzado de personas, tanto al interior del país como hacia el exterior.
Según las cifras presentadas durante el taller, a finales de 2014 se registraban 4,159 personas refugiadas a nivel global provenientes de Honduras, así como 10,146 solicitudes de asilo pendientes.
Además, se reveló que las solicitudes de la condición de refugiado pasaron de 1,500 en 2009 a 10,146 en 2014, lo que equivale a un aumento del 576.4% en seis años.
Honduras, primer país en reconocer la problemática del desplazamiento forzado
El titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, reconoció, durante la inauguración del evento, que Honduras se convirtió en el primer país centroamericano en reconocer el desplazamiento forzado, interno y hacia el exterior, generado, por el accionar de la criminalidad organizada en el país y en Centroamérica.
Desde el 2013, Honduras reconoció esa situación emergente real que requiere respuestas desde una perspectiva humanitaria y de seguridad humana, declaró el ombudsman hondureño.
Indicó que desde ese año funciona la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia que tiene la responsabilidad de desarrollar políticas públicas para la prevención del desplazamiento forzado y la protección de los derechos humanos de las personas.
Alrededor de 41,000 familias de 20 municipios se han desplazado por la violencia
Herrera Cáceres, señaló que es de interés nacional, generar medidas progresivas de prevención y protección en un ambiente de crisis que, en su mayor parte, afecta a personas de los sectores menos favorecidos o en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos humanos.
Agregó que estas personas se ven sujetos a una creciente movilidad forzada -de un barrio, municipio, departamento o región, a otros e inclusive al desplazamiento al exterior por las amenazas de la delincuencia y otras formas de violencia.
Considera que esas personas, en general, se movilizan con sus familias en búsqueda de seguridad y protección que no han encontrado en los lugares donde han sido amenazados u objeto de irrespeto de sus derechos humanos o vulneración de los mismos.
Se calcula que, entre el 2004 y 2014, en 20 municipios de 11 departamentos del país, alrededor de 41.000 familias han sido afectadas por este fenómeno con un número de 174.000 personas forzadas a desplazarse internamente.
Entre estos municipios están San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, Tela, La Ceiba, El Progreso, Olanchito, Yoro, Tocoa, Trujillo, La Esperanza, Intibuca, Marcala, San Bárbara, el Distrito Central, Juticalpa, Catacamas, Comayagua, Siguatepeque y Danlí.
CONADEH atiende en los 18 departamentos a personas que urgen protección
Herrera Cáceres, declaró que el personal del CONADEH, en todos los departamentos, atiende denuncias y quejas, da acompañamiento, solicita medidas de protección y, en varios casos, con la cooperación de diversas instituciones, ayuda a las personas que urgen de protección y desplazamiento a otros lugares del territorio nacional.
Agrego que todo eso se hace en el marco del Plan de Acción del CONADEH “Vanguardia de la Dignidad Humana”, que busca promover una solución general duradera que sólo puede lograrse erradicando progresivamente la causa de los mismos, con la garantía del respeto y promoción de la dignidad humana de todos los habitantes.
Recordó que en el afán de contribuir con el Estado para avanzar hacia la creación de mecanismos de protección y atender esa situación humanitaria que provoca los desplazamientos forzados, en septiembre pasado, firmó con ACNUR una Carta de Entendimiento.
Dicha Carta tiene como propósito promover estrategias y acciones de monitoreo y prevención del desplazamiento forzado y de protección de personas desplazadas con mayores niveles de vulnerabilidad y con necesidades específicas de protección.
En la reunión que sostuvo con el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Personas Desplazadas, el ombudsman hondureño le explicó la labor de promoción que como Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, realiza conjuntamente, en esta materia, en especial, con sus colegas del Triángulo Norte.
FUENTE: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras