En el 2014, realizamos la primera supervisión nacional y en el mes de septiembre de dicho año, presenté el Primer Informe Especial sobre “Aspectos del Servicio Público de Salud en Honduras”, exponiendo hallazgos y formulando recomendaciones, a nivel local y nacional.
Ese informe fue seguido de sucesivas inspecciones mensuales, a nivel departamental, a los establecimientos de salud. En éste año 2018, las oficinas del CONADEH realizamos simultáneamente la segunda supervisión nacional, de cuyos hallazgos, conclusiones y recomendaciones, rendí un informe preliminar el 21 de agosto de éste año. Hoy, 14 de diciembre del 2018, presento el Informe final de dicha supervisión nacional sobre “Aspectos Básicos del servicio público y goce del derecho humano a la salud, por los habitantes de Honduras”.
La supervisión nacional, en el 2018, se ejecutó en 31 hospitales públicos, 73 centros de salud, y 14 clínicas y hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los parámetros internacionales de supervisión en derechos humanos seguidos son los que determinan las condiciones básicas para el efectivo cumplimiento del derecho humano a la salud, en particular, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Esta segunda supervisión presentó también, como hecho novedoso, la incorporación, a los equipos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, de representantes de la Redes Multisectoriales de grupos en condición de vulnerabilidad, en los 36 “Municipios de Bienestar Solidario” que, en los 18 departamentos, ejecutan la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible, promovida por el CONADEH.
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Entre enero de 2014 y diciembre de 2018, la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) ha atendido 1,676 quejas sobre vulneraciones del derecho humano a la salud.
De ellas se desprende que los problemas más graves que enfrentan los usuarios del servicio de salud son a: 1) acciones u omisiones que atentan contra la salud preventiva y la inmunización; 2) denegación, deficiencia o maltrato en la prestación del servicio de salud; 3) ausencia de medicamentos en el sistema de salud; 4) negligencia médica o mala práctica médica; y 5) negativa a prestar servicios eficientes o proporcionarlos con una calidad inferior a la requerida.
Las denuncias, en su mayoría, se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (30.4%), Atlántida (10.9%), Cortés (9.0%), Olancho (7.1%) y Choluteca (6.9%).
Se observa que, en su mayoría, las instituciones más denunciadas son la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (827), seguida de los Centros Penales (Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad (261), particulares (132) y clínicas y hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (73).
La supervisión nacional cubrió aspectos básicos de servicios tales como: a) Asistencia sanitaria esencial disponible y accesible a todas las personas y familias de la comunidad (atención primaria de la salud); b) Disponibilidad de medicamentos esenciales y vitales; c) Distribución equitativa de las instalaciones, bienes y servicios de salud; d) Atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e infantil; e) Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas en la comunidad; f) Acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir esas enfermedades; y, g) Capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida la educación en materia de salud y derechos humanos.
La solución de los problemas que dificultan el funcionamiento del sistema de salud, hace urgente la necesidad de reorganizar el sistema de salud, para afirmar su cimiento firme en la atención primaria en salud (APS) y ampliar la cobertura de centros de atención hospitalaria, en otras regiones del país, con enfoque de derechos humanos que caracteriza la atención de calidad a los habitantes.
Entre los obstáculos limitantes del goce de los niveles básicos de servicios de salud, se hallaron los siguientes: a) ausencia de una administración especializada en establecimientos de salud y de una consecuente gerencia efectiva; b) infraestructura obsoleta y sin mantenimiento; c) desabastecimiento de medicamentos, insumos y de varios servicios de atención a los usuarios del sistema de salud; d) equipo (médico y no médico) y mobiliario insuficiente, deteriorado y sin mantenimiento; e) insuficiencia de personal médico y trabajadores de salud; f) baja calidad en atención y servicios de salud; y f) falta de financiamiento.
Estos obstáculos limitantes deben ser superados con la prioridad y la urgencia requeridas a fin de garantizar el acceso básico y oportuno de la población a la salud, proveyendo recursos y suministros básicos de calidad; reduciendo los gastos privados o del “bolsillo” del pueblo; mejorando las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipo hospitalario; ampliando la cobertura de personal médico y trabajadores de la salud, a nivel nacional; asegurando la atención inmediata, completa y de calidad; y realizando eficientemente el gasto y la inversión pública a fin de que garantice y mejore la calidad de prestación de servicios de salud a la población, en general.
La persistencia de estos problemas evidencia que no se ha cumplido todavía las recomendaciones que, en mi condición de Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, presenté al Estado, en el 2014, en el Primer Informe Especial sobre Aspectos del Servicio Público de Salud en Honduras; ni las formuladas por los organismos e instancias internacionales en derechos humanos, en relación con el derecho a la salud.
En esa perspectiva, es de esperar que se actúe y, en atención a ello, hago el reconocimiento de la pertinencia de la decisión del Gobierno de la República de conformar la Comisión Especial para la Transformación del Sistema Nacional de Salud y la Comisión Interventora del Hospital Escuela, con el fin de resolver problemas estructurales y coyunturales, y de asegurar un servicio público de salud, incluyente e integral, con atención especial a las personas y grupos en condición de vulnerabilidad y en pobreza, lo cual deberá traducirse en propuestas de políticas y estrategias y adopción de medidas concretas que atiendan con calidad, calidez, oportunidad y pertinencia las demandas de servicios de salud, por los habitantes.
Este Segundo Informe Especial presenta una serie de recomendaciones al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Establecimientos de Salud, Instituciones Académicas, Organizaciones de Sociedad Civil y población, en general. Las propuestas están animadas por el propósito de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud que corresponde a la población de Honduras, con especial atención a grupos y sectores en condición de vulnerabilidad que lo requieran.
Exhorto, en especial a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y a las aludidas Comisiones especiales, a recibir este informe y aprovechar sus conclusiones y recomendaciones como una colaboración a sus tareas y como un aporte al logro sus misiones, esperando su oportuna respuesta, al CONADEH, sobre el cumplimiento de las mismas, en los términos que prescribe la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica, 14 de diciembre del 2018.