Señaló que el acceso al agua y el saneamiento básico es un asunto de seguridad humana y es un derecho humano que el Estado debe asegurar y proteger, incluyendo la preservación de sus fuentes.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, recomendó hoy fortalecer la participación de la sociedad civil, por medio de efectivos procesos de consulta para la toma de decisiones vinculadas al derecho humano al agua y el saneamiento, como una práctica adecuada para prevenir conflictos socio ambientales.
Recordó que desde el año 2014, ha venido informando y formulando recomendaciones sobre sucesos anuales recurrentes en el acontecer nacional como son los incendios y plagas forestales, la sequía, inundaciones, contaminación del aire y del agua, la deforestación de los bosques y degradación de los suelos, la perdida de la biodiversidad, los brotes epidémicos y sus efectos sobre los derechos humanos de la población.
“Es apremiante tomar medidas para reducir progresivamente la recurrente carestía anual de agua, en el país”, indicó
Agregó que el derecho humano al agua y al saneamiento es indispensable para vivir con dignidad y una condición previa para la realización del resto de derechos humanos.
Herrera Cáceres, señaló que el acceso al agua y el saneamiento básico es un asunto de seguridad humana y es un derecho humano que el Estado debe asegurar y proteger, incluyendo la preservación de sus fuentes y su abastecimiento variado pero equitativo y preferente para el consumo de la población, con atención especial a quienes viven en la pobreza.
El Ombudsman hondureño también se refirió a la urgente necesidad de prevenir los daños a las fuentes de agua, prevenir la tala ilegal y los incendios forestales que cíclicamente se presentan en el país, entre enero y mayo de cada año, que dejaron, solo en el 2019, daños en más de 71,600 hectáreas en 16 de los 18 departamentos.
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno de Honduras declaró «emergencia» por la falta de agua en el país, tanto para el consumo humano como para la actividad productiva, principalmente de alimentos.
Las mismas autoridades del país han calificado de “dramáticos” los daños ocasionados a la producción agrícola, ganadera y la falta de agua para consumo humano.
Se estima que el 70 % de la población de Honduras, alrededor de 6,3 millones de personas, tiene acceso al agua, pero no toda es segura para el consumo. El 30 % restante usa agua de ríos, quebradas o pozos subterráneos.
El derecho humano al agua está reconocido internacionalmente. Honduras, lo incluyó también en la Constitución de la República y en la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de Nación.