- El Ombudsman hondureño considera que no es en base a seguridad policiaca y militar que se van a resolver los problemas sino sobre un concepto más amplio que en el siglo XXI ha surgido y que ya tiene una aplicación universal que es la seguridad humana, que hace que se atiendan las necesidades para resolver los problemas que se presentan
Maestros y estudiantes se encuentran entre los sectores de la sociedad hondureña más afectados por la violencia indiscriminada, situación que afecta el normal funcionamiento de los centros educativos del país, dijo hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres.
Dicha aseveración la hizo en el marco del lanzamiento del informe “Impacto de la Violencia en 220 Centros Educativos de Tegucigalpa”, en la que expresó, además, que el ente que dirige constantemente está pidiendo a la Secretaría de Educación el traslado de maestros con la urgencia del caso y a las autoridades policiales medidas de protección para docentes y sus familiares.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos realiza investigaciones de oficio cuando la información revela el peligro que está aconteciendo en los centros educativos, acotó
Agregó que tienen que estar velando para que las autoridades respeten a la comunidad educativa y cumplan con su deber de protegerla adecuadamente.
Indicó que la labor que realizan los maestros necesita del respaldo de la familia, la comunidad local y del Estado.
Muchos trabajadores de la educación en el país han sido objeto de amenazas a muerte, asaltos, secuestros, atentados, agresiones e incluso casi un centenar de maestros perdieron la vida violentamente desde el año 2010 a la fecha, según registros del CONADEH.
El Defensor del Pueblo considera que cuando ocurren este tipo de hechos se afectan y se vulnera el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad y el derecho a la educación que es la base del desarrollo de los pueblos.
En el 2017, el CONADEH atendió 89 casos, 54 de docentes y 35 de estudiantes afectados por la violencia que provocaron situaciones de riesgo y desplazamiento en ambos sectores, que denunciaron ser objeto de amenazas a muerte, abuso sexual, asaltos y otras modalidades violatorias debido a que los centros de estudio se encuentran en áreas controladas por asociaciones ilícitas.
Se estima que en 99 meses que
abarcan del 2010 a marzo de 2018, alrededor de 1,500 estudiantes de los niveles básico, medio y superior perdieron la vida en circunstancias violentas, la mayoría en la impunidad.
“Coincidimos en su totalidad con el informe sobre el impacto de la violencia en 220 centros educativos en las áreas de mayor incidencia, revisadas por los propios docentes”, expresó Herrera Cáceres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de Save the Children, presentaron públicamente el informe “Impacto de la violencia en 220 Centros Educativos de Tegucigalpa, que es el resultado de consultas con docentes de igual número de centros educativos del Distrito Central.
El informe, busca visibilizar la situación de los docentes frente a la violencia y generar insumos que permitan orientar el diseño de marcos legales y políticas públicas ajustadas a las necesidades del sector en el contexto nacional.
Además, se busca generar medidas con un enfoque integral de protección en los centros educativos, la optimización de la inversión en el sector educación y el diseño de mecanismos de protección específicos para docentes en zonas de alto riesgo de desplazamiento.
El Ombudsman hondureño considera que no es en base a seguridad policiaca y militar que se van a resolver los problemas sino sobre un concepto más amplio que en el siglo XXI ha surgido y que ya tiene una aplicación universal que es la seguridad humana, que hace que se atiendan las necesidades para resolver los problemas que se presentan
“Tenemos que reclamar al Estado que invierta prioritariamente en lo social y, en esto, la educación desempeña un papel primordial tanto como la salud y el trabajo”.
Indicó que la educación tiene que ocupar ese espacio de prioridad que amerita para reconstruir y dignificar al país.
Agregó que, en ese marco de dignificar y reconstruir el país, el Estado hondureño aceptó la recomendación del CONADEH de introducir, en el currículo nacional básico, la cultura democrática y educación en derechos humanos en el nivel prebásico y básico para adquirir una mayor dimensión cultural que permita respetarnos los unos con los otros.