La violencia generalizada manifestada por las operaciones del crimen organizado, maras, bandas criminales, narcotráfico y vendettas, figuran entre las causas que generan, en Honduras, situaciones de riesgo o desplazamiento interno forzado de personas, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Roberto Herrera Cáceres, titular del ente estatal de derechos humanos, declaró que el desplazamiento forzado interno, es un fenómeno que no solamente deriva de los conflictos armados sino que también de las situaciones de violencia generalizada y de persecución relacionadas con el crimen organizado, que demanda medidas de protección inmediata.
Agregó que el desplazamiento forzado, en general, muestra una debilidad en seguridad humana, en el país, que se tiene que paliar.
Hemos venido levantando elementos que definen perfiles, patrones y que van determinando elementos concretos para poder señalar la trascendencia que tiene el desplazamiento forzado en cuanto a la vulneración de derechos humanos y el impacto que está causando sobre la población y su desarrollo sostenible.
En el 2016, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró más de 750 casos de personas y familias, de diversos sectores del país que se vieron en la obligación de salir de sus hogares por causas que van desde amenazas a muerte, extorsiones y el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, por parte del crimen organizado.
Por iguales causas, en los primeros cinco meses del 2017, las oficinas del CONADEH en Comayagua, Cortés, Choluteca, Olancho y Valle registraron 129 casos, de los cuales, 68 fueron calificados en situación de riesgo y 61 de desplazamiento.
Entre las víctimas figuran, por su orden, amas de casa, comerciantes, maestros de educación, estudiantes, agricultores y en menor medida, abogados, policías, transportistas, vendedores, mecánicos, operarios de maquila y periodistas.
Entre las principales causas que está provocado el desplazamiento forzado de personas en el país están las amenazas de muerte, extorsiones, asesinatos de familiares y el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
Al no encontrar justicia ni protección en su país de origen, miles de personas se vieron en la obligación de cruzar la frontera para salvaguardar su vida y la de sus familiares.
Esta situación, según el ombudsman hondureño, ha provocado que la dinámica migratoria se intensifique y visibilice un escenario más complejo para distinguir entre los migrantes que buscan mejorar el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, de aquellos que huyen por razones de violencia y buscan la protección internacional a través de la solicitud de la condición de refugiado o asilo.
En un acumulado hasta el año 2016, se estima que unos 45,710 hondureños huyeron del país en busca de protección internacional, de los cuales, alrededor de 10,507 están en condición de refugiados, en su mayoría, en países como Estados Unidos, España, Canadá, México y Costa Rica, mientras que más de 35,200 están a la espera que les confirmen su estatus de refugiados.
El Defensor del Pueblo, destacó que desde el año 2013, Honduras fue el primer país en reconocer la existencia del desplazamiento forzado por violencia y otras causas en Honduras por lo que creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), con el objetivo de impulsar la formulación de políticas y la adopción de medidas para la prevención del desplazamiento forzado por la violencia.
En el 2015, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados (ACNUR) firmaron, una Carta de Entendimiento encaminada a prevenir las causas del desplazamiento interno y a proteger a las personas desplazadas por la violencia en Honduras.