Un informe del CONADEH reveló que entre el 2006 y el 2007, al menos 23 periodistas fueron objeto de querellas. Al menos cinco terminaron con sentencia en los tribunales de la república. Asesinatos, querellas, persecución, amenazas, intimidación, agresiones, atentados, detenciones, secuestros, y el exilio para salvaguardar su vida, son parte de los riesgos que tienen que enfrentar los periodistas y las personas ligadas a los medios de comunicación en Honduras, según el CONADEH.
El Comisionado Nacional Derechos Humanos, Ramón Custodio, se pronunció a favor de la despenalización de los delitos contra el honor para que el ejercicio periodístico no sea objeto de persecución, amenazas ni de represión alguna.
El ombudsman hondureño consideró que los delitos de injuria, calumnia y difamación deben ser reservados, en algunos casos, a la vía civil, para dirimir los eventuales daños que pueda recibir una persona por publicaciones que afecten su reputación y el honor.
Recordó que en el 2007, seis periodistas fueron querellados por un funcionario de la administración Zelaya Rosales y, por eso, su posición fue despenalizar los delitos contra el honor, pese a que ellos no habían cometido ningún delito.
Los periodistas Renato Álvarez y Rossana Guevara de TN5, Melissa Amaya y Juan Carlos Fúnez de Radio Cadena Voces y los jefes de redacción Mauricio Flores y Nelson García de El Heraldo y La Prensa, respectivamente, fueron querellados, en octubre del 2007, por reproducir en sus respectivos medios una noticia publicada en el extranjero.
«Mi posición fue despenalizar los delitos contra el honor porque era incorrecto que se les persiguiera de esa manera y se atentara contra la libertad de pensamiento y de expresión en el país», comentó el defensor de los derechos humanos, que se mostró complacido porque el presidente Porfirio Lobo retomó la petición él hizo en el 2007.
Hoy hago memoria y retomo esta posición, dijo Custodio, bajo el argumento que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo a favor del periodista Herrera Ulloa, en Costa Rica, que con anterioridad fue sometido a un proceso penal que terminó en sentencia.
El periodista en mención no pudo probar la veracidad de los hechos atribuidos por diversos periódicos europeos a un funcionario costarricense y únicamente probó que el querellante fue cuestionado a nivel periodístico en Europa.
Custodio citó que de acuerdo a la CIDH, este tipo de condenas produce un efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la sociedad.
Añade que cuando se castiga a un periodista por asistir en la diseminación de las aseveraciones realizadas por otra persona, amenazaría seriamente la contribución de la prensa en la discusión de temas de interés público.
Según el defensor de los derechos humanos, los funcionarios públicos debemos tener una calidad ética tal que debemos saber diferenciar entre lo que es la critica sana de la critica insana. «A mi la critica insana y ofensiva que tiene por objeto desequilibrar mi estabilidad emocional y de funcionario, la ignoro y la mejor respuesta es el silencio», expresó.
El titular del CONADEH sostuvo que se deben despenalizar los delitos contra el honor aunque aclaró que los mismos se deben reservar a la vía civil para dirimir los eventuales daños que pueda recibir una persona por publicaciones que afecten su reputación.
Explicó que cuando se habla de despenalizar no significa que los delitos queden impunes sino que la responsabilidad es estrictamente civil. La despenalización de los delitos contra el honor según Custodio le permitirá al periodista poder ejercer tranquilamente su derecho a la crítica y a la denuncia pública.
En su criterio el periodista se debe auto-regular en el ejercicio de ese derecho ya que su misión es informar a la opinión pública respetando la honorabilidad de las personas. Indicó que los periodistas no declaran culpable a nadie si no que sencillamente informan públicamente de algo que debe ser investigado por las autoridades.
«Una de las libertades fundamentales es vivir libre de temores» dijo Custodio y si yo como médico, practicante de mi profesión con ética voy a estar sometido al terror de alguien no me hace ser un buen profesional. «El ejercicio del periodismo en Honduras es una labor de alto riesgo» según el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
Informes del organismo humanitario avalan esa aseveración cuando revelan que desde el 2003 a la fecha, perdieron la vida en circunstancias violentas 32 personas ligadas a los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores sociales y dueños de medios.
Además, se establece que entre el 2006 y el 2007 al menos 23 periodistas fueron objeto de querellas, de las cuales cinco terminaron en sentencias en los tribunales de la república.
Otro hallazgo de los informes del CONADEH es que entre el 2006 y el 2011 alrededor de 59 periodistas fueron objeto de persecución, amenazas e intimidación y 57, víctimas de agresiones físicas y lesiones y, al menos, cinco fueron víctimas de atentados que pusieron en riesgo su vida.
A lo anterior se añade que alrededor de 16 periodistas, camarógrafos y fotógrafos fueron detenidos por las autoridades policiales en diferentes eventos.
Siempre en el mismo período, se registraron 17 atentados contra medios de comunicación, dos fueron cerrados temporalmente, además, un medio de comunicación fue expropiado por el actual gobierno.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras