HONDURAS: Los expertos advierten que las cárceles hacinadas son foco de contaminación y «escuelas del crimen»

Se estima que las cárceles de los países centroamericanos tienen capacidad para albergar alrededor de 45,500 personas pero que, en la actualidad, cuentan con más de 74,000 privados de libertad, es decir, una sobrepoblación superior a las 28,700 personas.

En el caso de Honduras la situación es alarmante si se toma en cuenta que los 24 centros penales que existen en el país tienen la capacidad para albergar cerca de 8,300 personas, sin embargo, la población penitenciaria supera los 12,600 privados de libertad.

La mala distribución en las cárceles hondureñas indica que hay ocho centros penitenciarios cuya capacidad no ha sido sobrepasada por el número de privados de libertad, sin embargo, existen 16 centros penitenciarios con una sobrepoblación que en conjunto supera los 5,400 internos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, es del criterio que la mayor parte de las cárceles hondureñas carecen de espacio físico y las condiciones higiénicas son infrahumanas.

Señaló que en el país no hay ningún sistema de rehabilitación para que los privados de libertad se puedan reinsertar en la sociedad y que más bien, muchos salen perfeccionados en su conducta antisocial, delincuencial.

Cuestionó que el Estado invierte poco en resolver el problema del privado de libertad, pese a que éste sigue siendo persona humana objeto y sujeto de derechos humanos.

Alrededor de 600 muertos en incendios y matanzas

En los últimos años, al menos cuatro cárceles hondureñas han sido escenario de matanzas y tragedias que han dejado incalculables pérdidas de vidas.

El 5 de abril del 2003, se suscitó una «matanza» en la Granja Penal de El Porvenir, en el departamento de Atlántida, que dejo como saldo 69 personas muertas.

El 17 de mayo de 2004, se registró un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula donde perdieron la vida 107 privados de libertad y resultaron lesionados al menos 25 reclusos, hecho violentó por el cual, en el 2012, Honduras fue condena por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Entre el 2011 y el 2012, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró la muerte de 419 personas privadas de su libertad, de los cuales, 360 murieron quemados en la Granja Penal de Comayagua. Solo en el 2011 murieron en forma violenta alrededor de 30 privados de libertad, de los cuales 19 murieron en el Centro Penal de San Pedro Sula y ocho en la Penitenciaría Nacional «Marco Aurelio Soto».

Régimen de corrupción institucionalizada

El ombudsman hondureño cuestionó la corrupción del sistema, principalmente cuando los encargados de vigilar a los privados de libertad permiten la entrada de armas de fuego, drogas, licor y se vuelve la cárcel en un régimen de corrupción institucionalizada.

Durante el 2012, algunas cárceles hondureñas fueron escenario de incendios, motines, fugas, intentos de fuga, enfrentamiento entre privados de libertad, introducción de armas de fuego, granadas, drogas, licores y celulares.

Sobrepoblación una «bomba de tiempo»

La Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum, es del criterio que las autoridades gubernamentales deben enfrentar con la prioridad que se merece el tema de la sobrepoblación carcelaria, convertida hoy en una «bomba de tiempo».

Considera que el hacinamiento en las cárceles lo único que produce es violencia y todo tipo de reacciones inapropiadas que no solo ponen en riesgo a los privados de libertad sino que a los custodios y todo lo que rodea a los centros de detención.

Declaró que las cárceles se han convertido en «escuelas de bandidos» porque no hay una distribución apropiada de su población

Argumentó que no es apropiado que una persona, que por primera vez cometa una falta menor, sea recluida con otros privados de libertad que son reincidentes y que llevan mucho tiempo de estar presos por haber cometido delitos terribles contra la sociedad.

«Estamos convirtiendo nuestras cárceles en ‘escuelas de delincuencia’ y todo eso tiene que ver con el hacinamiento», indicó. 

La defensora de los derechos humanos cuestionó la falta de políticas de prevención del delito.

Nuestros Estados, declaró, deben hablar de una política nacional preventiva del delito y trabajar principalmente en los lugares donde se dan los delitos para tratar de evitarlos y, sobre todo, trabajar con la población carcelaria para tratar de reinsertarlos luego en la sociedad.

Agregó que si no se hace de esa manera vamos a tener cada vez más gente en la cárcel, más hacinamiento, porque los países no se pueden convertir en una cárcel y vamos a tener eventualmente los problemas que ya tuvo Honduras.

Mencionó también el caso particular de Costa Rica, que hace unos años no tenía problemas de hacinamiento pero debido al endurecimiento de las leyes con más años de prisión, con el aparecimiento de los tribunales de flagrancia y la prisión preventiva, todo eso hizo una avalancha sobre las cárceles que de ninguna manera se van a dar abasto.

Se estima que la capacidad de las cárceles de Costa Rica es para 9,600 personas, sin embargo, la población carcelaria es de 12,410, lo que indica una sobrepoblación de 2,810 privados de libertad.

Condenados a muerte por el VIH y la tuberculosis

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Ruales, alertó que debido al hacinamiento que hay en las cárceles de Centro América, hay un sector de la población privada de libertad que esta siendo «condenada a muerte» por infecciones como el VIH y enfermedades como la tuberculosis.

Datos estadísticos indican que en Centro América los mayores índices de hacinamiento están en El Salvador y Honduras, situación que tiende a agravarse.

Ruales aseveró que la prevalencia del VIH en las cárceles «se multiplica» debido a «las condiciones de vida, al hacinamiento y a veces a la limitación» para que personal sanitario dé tratamiento y orientación a la población penitenciaria.

Señaló que el aumento de la tuberculosis en las cárceles también se produce por el hacinamiento, y por la falta de aislamiento de los pacientes, que están contaminando al resto de privados de libertad.

El funcionario de la OPS recalcó que en las prisiones también son graves las enfermedades dermatológicas, que se producen por la falta de higiene, de agua y por las condiciones de insalubridad.

Indicó que en todas las cárceles de Centro América hay problemas de salud mental muy frecuentes. Explicó que uno de cada siete privados de libertad tiene sicosis, depresión o desordenes de la personalidad y dependencia del alcohol o las drogas con efectos traumáticos.

Recomienda brazaletes electrónicos

En un esfuerzo por reducir el hacinamiento en las cárceles, en algunos países se estudia la posibilidad de usar un brazalete electrónico como alternativa a la prisión preventiva o como sustituto de una sentencia privativa de libertad.

La defensora de los habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum, es del criterio que la medida puede ser totalmente exitosa, si se toma en cuenta que en países como Colombia ha dado magníficos resultados con apenas un 1% de gente que incumple su libertad condicional.

«Me parece que es una solución muy viable, obviamente tiene que ser bien estudiada y las personas que se van a dejar en libertad deben ser objeto de estudios sicológicos y debe ser por delitos menores», puntualizó.

Añadió que si ellos incumplen la libertad condicional, que no lo es porque están siendo monitoreados, que vuelvan a prisión.

Reitero que es peor estar dando indultos como ocurre actualmente en Honduras y que el uso del brazalete es una solución viable para reducir el hacinamiento que hay en las cárceles.
El brazalete es un dispositivo móvil, parecido a un reloj, que se acopla a la muñeca o tobillo de la persona, cuyos desplazamientos son seguidos por un satélite que transmite señales al centro de control. De esa manera, si se incumple un arresto domiciliario o si la persona circula en un área restringida establecida para que no se acerque a la víctima, el dispositivo emitirá una alerta a la Policía.

El representante de la OPS en El Salvador, José Ruales, la defensora de los habitantes de Costa Rica, Ofelia Taitelbaum y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, abordaron el tema la sobrepoblación penitenciaria, en el foro televisivo «Al Cierre» de la cadena CB 24 Centroamérica que se transmite en Costa Rica y que coordina el periodistas José Daniel Fernández.

 

FUENTE: Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras