Ramón Custodio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, indicó que la situación del país es grave porque el cuerpo policial está investido de autoridad para preservar el orden, proteger el patrimonio de las personas y hacer que las personas vivan en seguridad y entonces, más bien, la policía se ha convertido en un instrumento de inseguridad.
Declaró que el terrorismo policial se ve reflejado en las ejecuciones extrajudiciales que son cometidas por agentes del Estado investidos de autoridad. «En Honduras hay ejecuciones extrajudiciales, quizás, no como una política del Estado pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad», expresó.
Explicó que la ejecución extrajudicial se tipifica ante las Naciones Unidas cuando hay pruebas de la participación o indicios racionales muy fuertes de que gentes investidas de autoridad practican este tipo de homicidios.
Puso como ejemplo, que en el caso de los dos jóvenes universitarios, esta comprobada la participación de agentes de la policía y se sospecha que puede haber participación en la ejecución también del ingeniero Landaverde.
El primer hecho violento ocurrió el 22 de octubre del 2011, en el que los estudiantes universitarios Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos David Pineda Rodríguez, fueron ejecutados por policías en servicio activo durante un operativo policial.
Otro hecho violentó registrado por el Comisionado de los Derechos Humanos, en su informe anual, fue el ocurrido el 7 de diciembre de 2011, a inmediaciones de la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa, con el acribillamiento de Alfredo Landaverde, a manos de sicarios que se conducían en una motocicleta.
En el documento se señala, que días previos a su muerte, Landaverde hizo fuertes declaraciones públicas reclamando por la impunidad de los asesinos del general Julián Arístides González, por lo cual se insiste en la posible responsabilidad de autoridades en la autoría intelectual, sin que las mismas demuestren lo contrario.
Estos casos, según el defensor de los derechos humanos son paradigmáticos en cuanto a que en Honduras hay ejecuciones extrajudiciales, «quizás no como una política del Estado pero si como actos arbitrarios de agentes del Estado investidos de autoridad».
Estamos hablando de hechos concretos y todo lo demás queda en suspicacia, opinó el titular del organismo de derechos humanos. No obstante, fue preciso al declarar que «un tan solo caso que fuera ya sería lo suficientemente grave para el país.»
Reiteró que la ejecución extrajudicial de personas no es una política del Estado hondureño pero son abusos cometidos desde la policía y, de alguna manera, el Estado adquiere responsabilidad porque tolera este tipo de delitos.
A finales del 2011, el Comisionado Nacional de los Derecho Humanos solicitó al Poder Legislativo la aprobación inmediata de la figura penal de ejecución extrajudicial y que la misma fuera sancionada con la pena de prisión de por vida.
Justificó que dicha petición la realizó porque hay autoridades policiales que abusando de la autoridad con que han sido investidos, tienen un aparato organizado de poder que de hecho les otorga licencia para atentar contra el sagrado derecho a la vida de las personas. Agregó que en Honduras la inviolabilidad del derecho a la vida ha dejado de ser el mayor bien Jurídico, para convertirse en el bien de la persona humana en mayor riesgo.
Registros del CONADEH indican que entre el año 2000 y el 2011 perdieron la vida en forma violenta 46,450 personas. Establece que en 23 meses de gestión del gobierno que preside Porfirio Lobo se registró la muerte violenta de 12,838 personas, es decir, un promedio de 19 víctimas diarias.
Según el organismo estatal de derechos humanos sólo en el 2011, el número de muertes violentas ascendió a 7,104, es decir una víctima cada 74 minutos.
Finalmente, Custodio se pronunció porque el Consejo Nacional de Seguridad Interior (CONASIN) le de la debida atención a la necesidad de depurar e intervenir la policía y que el gobierno escuche las recomendaciones que pueda dar ese ente colegiado.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras