Los derechos humanos son aquellos que tiene cada persona por el mero hecho de su condición humana. La salud y la educación son bienes públicos esenciales para gozar de condiciones básicas de vida y, por ello, son reconocidas como derechos humanos indispensables para gozar plenamente de los demás derechos humanos.
Por consiguiente, todas las personas tienen también el derecho de opinar y participar activamente en el abordaje de estos temas en la vida pública, en la elaboración de leyes y de políticas públicas, así como en los diálogos. Este derecho de participación en la vida pública está vinculado con los otros derechos humanos, tales como el derecho de reunión y asociación pacífica, libertad de expresión y opinión, y los derechos a la educación y la información.
La participación ciudadana en los diálogos evidencia su carácter democrático y que la sociedad y el Estado buscan conjuntamente, como único objetivo, encontrar soluciones de cambio de realidades que afectan las vidas de las personas, de sus familias y comunidades. Ese objetivo expresamente compartido permite el intercambio de información y de ideas, en el afán de que el diálogo tenga resultados en los cuales se trasluzca el beneficio prevaleciente para todas y todos quienes conformamos el pueblo, sin marginación ni exclusión. Por lo que los procesos de diálogo deben ser participativos e inclusivos y las agendas del diálogo deben ser incluyentes de la consideración y única priorización de las necesidades de toda la población, en su conjunto, trascendiendo los intereses inmediatos de las partes directamente confrontadas y participantes en los procesos dialogísticos.
Durante estos 5 años de crisis sucesivas sobre problemas que vienen desde el siglo pasado, el CONADEH ha fomentado la buena gobernanza y recomendado persistentemente la participación ciudadana en la vida pública para lograr la dimensión adecuada al diálogo democrático auténtico, como método participativo que excluye la imposición unilateral de puntos de vista o de intereses de una de las partes, y que hace prevalecer el respeto a todos los derechos humanos, la igualdad, diversidad social, pluralidad de ideas y solución pacífica de los problemas colectivos.Todo ello para asegurar soluciones innovadoras y duraderas que generen una realidad diferente a la actual, y que se exprese, por ejemplo, en nuevos sistemas de salud y de educación, de calidad.
Ese auténtico diálogo democrático no es negociación, ni debate, ni discusión. Al contrario, ese diálogo democrático es el que promueve la consideración respetuosa de la diversidad de opiniones, porque es un espacio abierto para expresarlas, para escucharse unos a otros, y para construir juntos innovadoras realidades. Ese espacio debe garantizar el derecho a la participación de los habitantes, en temas como los de salud y educación, que son bienes públicos de toda la población, por lo que debe escucharse las voces de todos, en especial de los marginados y excluidos del goce efectivo de esos derechos humanos.
Sustentado en esas bases que recogen el espíritu democrático del diálogo: recomiendo siempre el diálogo creador de confianza, abierto, incluyente, participativo, transparente y fructífero con perspectiva del país que necesitamos, para así tener resultados positivos para toda la hondureñidad.
Hoy, en un nuevo contexto de protesta social que revela la agudización de la crisis en salud y en educación, después de haberse eliminado el obstáculo invocado para iniciar el diálogo, la situación dialogística real es la de haberse convocado e instalado, el 13 de junio, por el Gobierno, el “Nuevo diálogo nacional por la salud y la educación de calidad” con la participación de sectores gremiales, de sociedad civil, academia, iglesias y cooperantes internacionales, entre otros. El Sr. Presidente de la República invitó, a los que no asistieron, a incorporarse a ese proceso.
Los gremios representados actualmente en la Plataforma Social de Defensa de la Salud y de la Educación, convocaron, por su parte, a un diálogo alternativo diseñar un “Plan Integral para el mejoramiento del Sistema Nacional, de Salud y Educación”. Acabo de recibir la invitación a la inauguración de ése diálogo y ahí estaremos también representados.
Con respeto a esa decisión y reafirmando nuestra posición indeclinable de garantizar el libre ejercicio del derecho a la pacífica protesta social que no cause agravios a la dignidad de las personas que conforman toda nuestra población: debo señalar la evidencia de la falta del restablecimiento debido del funcionamiento normal de los servicios públicos de salud y educación. Servicios que responden a derechos individuales de las personas que los necesitan y que, además en su mayor parte, son las personas más desfavorecidas.
Por ello, es necesario recordar paladinamente que todos los habitantes, y cada una y uno de ellos, niños, jóvenes y adultos, tenemos el derecho a no ser limitados arbitrariamente (ni por el Estado ni por grupos o individuos) en el acceso y normal funcionamiento de las escuelas, los centros de salud y hospitales y de otros servicios relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales todas y todos somos individualmente titulares.
La situación dialogística actual es la de dos procesos, uno oficial y otro alternativo, que son corrientes separadas que necesariamente deberán confluir pacíficamente para desembocar en el entendimiento de los puntos de vista y fundamentos de cada uno de los participantes en el diálogo, para la mejor estructuración de innovados sistemas de salud y de educación, de calidad. Sistemas en los cuales, sobre los intereses gremiales y de otros grupos o individuos e instituciones determinadas, prevalezca el interés nacional prioritario de dar satisfacción plena a las necesidades de la población hondureña, en su totalidad, con opción preferente por la gratuidad y calidad de servicios a nuestra población mayoritaria que vive aún en la pobreza.
Ante esa situación, sigue manteniéndose la confianza, del resto de la población y nuestra como institución nacional de los derechos humanos, que habrá respeto a la dignidad humana de cada habitante y un ambiente favorable para ello; y animándose la expectativa de que pronto habrá un solo proceso de diálogo que nos garantice: la tranquilidad social, el superior respeto debido – por parte del Estado, grupos o individuos – a los derechos de las personas a la salud y a la educación de todos y cada uno de los seres humanos que habitamos Honduras; y el logro, por medio del diálogo fructífero, de sistemas equitativos, seguros y de calidad, tanto en salud como en educación.
El CONADEH, como garantía constitucional del Estado en su deber de proteger, promover y respetar la dignidad humana de los habitantes: supervisará actitudes, comportamientos, procedimientos y resultados de éste proceso; hará las recomendaciones y sugerencias que las circunstancias demanden; colaborará en todo lo que contribuya a alcanzar la convergencia pronta de los dialogadores y otros participantes; aportará recomendaciones emanadas de nuestros estudios y observaciones puntuales y actuales en los últimos cinco años, lo que ya hemos iniciado desde el 2014 y se proseguirá en todo el 2019; y continuará avanzando en la consolidación y ampliación de la ejecución de la Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”.
Esa estrategia promovida por el CONADEH es un proceso en curso que se implementa en 36 municipios de nuestros 18 departamentos, en los cuales los habitantes han tomado la opción de ser promotores activos de comunidades municipales pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, donde se progrese hacia el bienestar de todas y todos, creando las condiciones para hacer efectivos sus derechos humanos, y fomentando instituciones democráticas, efectivas e inclusivas, que rindan cuentas. Este proceso es parte fundamental de una más comprensiva Agenda Nacional de Desarrollo Sostenible que urgentemente necesita Honduras.
Tegucigalpa, Honduras Centroamérica, 17 de junio de 2019
Dr. H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos