Debemos respetar los tratados internacionales y, sobre todo, tener en cuenta que los migrantes son seres humanos, sean regulares o irregulares, no se les puede privar de este concepto central que es su dignidad”
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que ser un “tercer país seguro” implica una serie de obligaciones y condiciones que Honduras no las reúne.
Hemos señalado que ser “tercer país seguro” no es una cuestión únicamente de la voluntad de un Estado, depende de su adecuación y de las condiciones internacionales que se impone a una persona de acuerdo con los tratados internacionales, declaró.
Consultado en torno a las posibles presiones que habría para que Honduras sea un tercer país seguro, el Ombudsman hondureño, respondió que hasta ahora el mismo gobierno ha enfatizado que no están negociando ningún estatus de tercer país seguro con Estados Unidos.
No puedo referirme a esas supuestas amenazas porque el mismo Gobierno hondureño ha negado que se esté negociando o que se haya avanzado una posición de ser tercer país seguro.
El Ombudsman hondureño considera que deben hacerse acciones que no agraven tanto la situación de pobreza en que vive la mayoría de la población hondureña como de los obstáculos que se tienen para alcanzar el desarrollo sostenible del país.
Agregó que la coincidencia que hay con la comunidad internacional es que se llegue a migraciones ordenadas, regulares, seguras y responsables, para lo cual es necesario que todos los problemas sean arreglados en forma pacífica, beneficiosa y que tenga en cuenta la dignidad de los migrantes.
“Debemos respetar los tratados internacionales y, sobre todo, tener en cuenta, que los migrantes son seres humanos, sean regulares o irregulares, no se les puede privar de este concepto central que es su dignidad”, precisó.
Declaró que aquellas personas que pudieron haber huido por la violencia o por el temor a ser privados de su vida o de su integridad y tienen el derecho a solicitar refugio y a ser atendidos con los procedimientos correspondientes y los tratamientos que corresponden a una persona que busca asilo en otro Estado.
Añadió que también se debe tener en cuenta que los migrantes que han entrado irregularmente o que se encuentran en las fronteras, deben ser atendidos humanitariamente mientras se ventilan sus casos o se decide su retorno, voluntarios o no, respetando su dignidad.
Honduras debe tener una política bien estructurada, definida, hasta el nivel municipal con una supervisión que nosotros, como CONADEH, estamos perfeccionando constantemente porque creemos que hay muchas cosas que necesitan hacerse efectivas, expresó.
Según el Defensor del Pueblo, el Gobierno hondureño también tiene que ver la situación del tratamiento, conforme a los tratados internacionales, de la niñez migrante no acompañada, que esta separa de su familia.
“La reunificación familiar es un imperativo de acuerdo con los derechos humanos”, puntualizó.
Indicó que se tiene que hacer prevalecer el interés superior del niño y la situación de los migrantes regulares e irregulares que ya se encuentran en México o en territorio de Estados Unidos.
“Esta gente está viviendo en situaciones inciertas, no sabe si, en un momento, le quitan su estatus y no se sabe verdaderamente que va suceder”.
Declaró que este es el momento de poner fin a todos esos problemas y entrar a una etapa de más orden en materia migratoria.