Las personas con discapacidad se quejan de los obstáculos que tienen para ejercer el sufragio, a la igualdad de trato en materia educativa, de salud, de empleo, a la seguridad social e ingresos dignos, a tomar sus propias decisiones, así como el derecho al acceso a los servicios de transporte público, infraestructura y las herramientas de comunicación e información.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó hoy al gobierno nacional y a las municipalidades eliminar las barreras que le impiden, a más de un millón de personas con discapacidad en el país, acceder a los servicios públicos que tiene la obligación de brindar el Estado.
El ombudsman hondureño es del criterio que el problema no se resuelve únicamente con emitir leyes, lo importante es que tanto el gobierno nacional como las municipalidades pongan en práctica medidas concretas para que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios públicos.
Lamentó que las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad ha sido restringido y limitado, vulnerando sus derechos humanos y a gozar de las mismas oportunidades y posibilidades de vida y de trabajo de que goza el resto de las población.
“Todos somos iguales pero a ellos se les pone como barreras u obstáculos esa falta de accesibilidad”, precisó.
Herrera Cáceres, considera que en la nueva agenda 2030 de las Naciones Unidas que será aplicada a partir del 2016 al 2030 ya se tienen previstas las ciudades inclusivas, es decir, aquellas donde haya accesibilidad.
Además, en esa Agenda se contempla la lucha contra la pobreza, así como la participación de todos los sectores que hasta el momento han estado excluidos, como es el caso de las personas con discapacidad.
Desde el 26 de octubre pasado, el titular del CONADEH recomendó al gobierno adecuar toda esa agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el contexto amplio en que se presenta y que fue adoptado inclusive con la participación del Presidente de la República en la ONU.
Hasta ahora, las personas con discapacidad se quejan de los obstáculos que tienen para ejercer el sufragio, a la igualdad de trato en materia educativa, de salud, de empleo, a la seguridad social e ingresos dignos, a tomar sus propias decisiones, así como el derecho al acceso a los bienes y servicios de transporte público, infraestructura y las herramientas de comunicación e información.
Lo importante, según el Defensor del Pueblo, es que el Estado les garantice el acceso a los servicios públicos sin ningún tipo de limitaciones y que ellos puedan ejercer plenamente sus derechos.
Se estima que en Honduras el 14% de los 8.5 millones de habitantes tienen algún tipo de discapacidad física, mental o sensorial.
La situación del sector de personas con discapacidad en el país es de tal magnitud que algunos estudios indican que el 53% no han alcanzado ningún nivel educativo y solamente el 7% han recibido estudios de secundaria, esta distribución es significativamente inferior a la situación de la población hondureña global.
Además, se considera que el 8% de los niños hondureños sin discapacidad de 7 a 17 años, no han ingresado a primaria; en el caso de los niños con discapacidad esta proporción estaría alcanzando alrededor del 44%.
Al menos, el 51% de las personas con discapacidad, mayores de 15 años, no saben leer ni escribir.
La tasa de analfabetismo es particularmente elevada cuando las personas no hablan (87%); discapacidad intelectual (85%); sordera total (76%).
En cuanto a la inserción en el mundo del trabajo, existe en Honduras fuertes barreras culturales y discriminación para brindar empleo a personas con discapacidad a pesar de las capacidades laborales que demuestran.
El mercado laboral accesible para las personas con discapacidad en el país es esencialmente el auto empleo.
En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebró el 10 de diciembre, las personas con discapacidad demandaron de las autoridades hondureñas que se les garantice la accesibilidad a las instalaciones de salud, al transporte público urbano e interurbano.
Además, que haya señalización de parqueos, estaciones de buses y las rutas de manera legible y con pictogramas para personas con baja visión, auditiva y deficiencia intelectual.
Además, que se les brinde trato preferencial para el ingreso y salida de las unidades de transporte y se prevea en el diseño de proyectos de viviendas, un porcentaje que cumpla con las normas de accesibilidad.
FUENTE: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras