H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
En el Congreso Nacional se promueve la iniciativa de la lectura de la biblia, en los centros de enseñanza, con el propósito de formar en principios y valores a las personas. Hay sectores de la sociedad que la apoyan y hay otros que la rechazan pero, reconocen la necesidad y el valor del propósito que anima tal iniciativa.
Esa coincidencia, en cuanto al propósito de promover principios y valores en las personas, es producto de la realidad y notoriedad de las recurrentes crisis sociales conducentes a la situación actual de violencia generalizada, intolerancia, odio y confrontación, que es también favorecida por un proceso educativo, en el cual, las sucesivas generaciones no recibieron ni reciben en su formación, la indispensable orientación de sus conocimientos para contribuir con la convivencia social y su progreso, basados en principios éticos y valores cívicos que los guíen, haciendo prevalecer su papel como agentes y beneficiarios de la evolución pacífica, constructiva y democrática de la sociedad, del Estado de Derecho y del desarrollo sostenible nacional.
Promover principios y valores éticos y cívicos en los educandos, es necesidad impostergable para la convivencia armónica, participativa y de respeto mutuo en los centros educativos; y para favorecer, en paz y libertad, la participación democrática de las personas en el progreso de la sociedad y en el desarrollo sostenible nacional.
La necesidad ineludible de llenar ese vacío es así un propósito ampliamente compartido y la manera de hacerlo, con certeza y eficacia, tiene un marco referencial legal y un contenido determinado por los lineamentos del derecho humano a la educación.
El marco referencial está expresado por la Constitución de la República, según la cual, la educación nacional es laica y debe proyectar sus beneficios a toda la sociedad, sin discriminación de ninguna naturaleza. Es decir que, sin ser excluyente, la educación nacional debe ser independiente de toda religión así como de toda ideología ateista, para así beneficiar a toda la población, garantizando la finalidad del derecho humano a la educación.
Esa finalidad se encuentra enunciada en la Constitución y está desarrollada en los instrumentos internacionales de derechos humanos, según los cuales, la educación debe asegurar el pleno desarrrollo de la personalidad y del sentido de la dignidad de las personas, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, habilitando para participar efectivamente en una sociedad libre, y favoreciendo la comprensión, la tolerancia, la amistad y la cohesión social.
Sin perjuicio del reconocimiento del valor que anima la iniciativa examinada en el Congreso Nacional, la utilización de la lectura obligatoria de la biblia, en los centros educativos, como medio de alcanzar ese propósito, atentaría contra los precitados elementos esenciales de la educación laica y de la finalidad del derecho humano a la educación, que se sustenta igualmente en la libertad de conciencia, de opinión y de expresión.
No obstante, lo anterior, el derecho humano a la educación y la educación laica no son excluyentes de aspectos religiosos y permiten la enseñanza de temas como la historia general de las religiones, así como de la ética en las escuelas públicas, siempre que se impartan de forma imparcial y objetiva, y se respete la libertad de opinión, de conciencia y de expresión.
La manera de lograr ese propósito esencial de formar en principios y valores a las personas, conforme a los parámetros internacionales del derecho humano a la educación, ya está evidenciado por la decisión del Estado de seguir la recomendación de aplicar, en Honduras, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 59/113 de 10/12/2004.
El proceso de la aplicación ya está en curso y, en su etapa final, con la elaboración participativa del proyecto del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Plan orientado a convertir, en politica pública, la cultura democrática y educación en derechos humanos, y hacerla parte del curriculo nacional básico, con el fin de arraigar perdurablemente una sociedad éticamente responsable y un Estado democrático de Derecho en el que se garantice debidamente la protección y respeto de la dignidad humana y se avance progresivamente en bienestar para todos, mediante el desarrollo sostenible.
En atención a lo anterior, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recomienda al Estado: adoptar, como política pública, la cultura democrática y educación en derechos humanos, mediante su incorporación en la programación general de la educación integrada en un sistema coherente y vinculado con el proceso de desarrollo sostenible de Honduras.