El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), en el ejercicio de sus funciones y atribuciones constitucionales, comparece ante el honorable Congreso Nacional y ante el pueblo hondureño a presentar el informe anual con recomendaciones al Estado hondureño, sobre la situación general de los derechos humanos en Honduras, durante el año 2018.
El informe Anual comprende los siguientes capítulos:
- Misión Constitucional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
- Gestión Ejecutiva de Avances en cumplimiento del Plan de Acción 2014-2020 “Vanguardia de la Dignidad Humana”.
- Situación de los Derechos Humanos y la Gestión Institucional.
- Grupos en condiciones de vulnerabilidad.
- Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”.
- El CONADEH atendió, en el 2018, un total de 9,701 quejas, denuncias y orientaciones a nivel nacional, de las cuales 6,095 fueron por violaciones a personas de sectores y grupos vulnerados de la población. El número de personas víctimas fue de 16,002. De ellas, 10,337 (65%) son personas en condición de vulnerabilidad de 240 municipios del país.
- 6,366 (65%) denuncias fueron atendidas, a nivel nacional, por presuntas vulneraciones a derechos civiles y políticos. El derecho a la integridad personal, el derecho a la vida, y el derecho de acceso a la justicia y debido proceso legal fueron los derechos con mayor incidencia de denuncias presentadas.
- El CONADEH atendió, por presuntas vulneraciones a los derechos económicos, sociales y culturales, un total de 1,383 denuncias de la población. El 37% de las denuncias están relacionadas con el derecho al trabajo, seguido del derecho a la salud, con un 27%; y el derecho a la educación con un 19%.
Sustentado en su independencia institucional dentro del Estado y en los intereses del pueblo que representa, en ejercicio consecuente de su magistratura ética para la defensa de la dignidad humana, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos formula, entre otras, las siguientes recomendaciones:
1. Planificación nacional y cumplimiento verificable de objetivos de desarrollo sostenible.
El Estado hondureño tiene el deber de cumplir fehacientemente su compromiso y obligación de lograr, entre el 2016 y el 2030, las metas y objetivos de la Agenda internacional 2030 para el Desarrollo Sostenible, encaminadas a:
Poner fin a la pobreza en todas sus formas; lograr la seguridad alimentaria, la disponibilidad y gestión sostenible del agua y del saneamiento; energía para todos, segura y sostenible; mejora de la nutrición y promoción de la agricultura sostenible; garantizar una vida sana y promover el bienestar social;
Además, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; lograr la igualdad de género; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, incluyendo el empleo pleno y productivo y el trabajo decente; promover la paz e inclusión dentro de nuestra sociedad, y facilitar el acceso a la justicia;
Proteger el medio ambiente, los recursos naturales, los ecosistemas y la diversidad biológica, y luchar contra los efectos del cambio climático; así como fomentar instituciones eficaces, responsables, transparentes e inclusivas, para prevenir la violencia, la corrupción, la delincuencia e impunidad.
2. Lucha contra la corrupción y la impunidad.
Fomentar una mayor unidad y una actividad constante y permanente entre el pueblo y el Gobierno, con la asistencia complementaria de la cooperación internacional, para reducir, con vista a eliminar, la corrupción e impunidad que actualmente prevalece dentro del Estado.
Corregir la falta de articulación y de complementación eficiente entre los operadores de justicia y de una preparación técnica y científica suficiente en materia de investigación, así como también la falta de acción de la sociedad en la denuncia de los hechos delictivos o de corrupción que afectan significativamente también el goce efectivo de los derechos humanos en Honduras, en particular de las víctimas o familiares.
Es importante, que el Estado de Honduras continúe reduciendo la tasa de homicidios, pero es imprescindible que impulse, de manera urgente, investigaciones técnicas y científicas que conduzcan a esclarecer las muertes violentas de personas, en particular, de pueblos indígenas y afro hondureños, líderes sindicales, niñas, niños y adolescentes, mujeres, defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, personas LGTBI, abogados y operadores de justicia; y que, respetando sus derechos humanos, se enjuicie y castigue a las personas responsables material e intelectualmente del delito.
3. Acceso a la justicia y a otros servicios públicos, por personas en condición de vulnerabilidad
Que el Poder Judicial asegure la mayor información y la mejor coordinación y aplicación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad; Que se disponga de mayor número de defensores públicos calificados, en todo el territorio nacional; y mayor publicidad y orientación a las personas sobre cómo obtener los servicios jurídicos gratuitos proporcionados por instituciones públicas y privadas o sociales.
4. Revalorización de instituciones y educación nacional de calidad:
El Estado hondureño debe cumplir con su obligación de revalorizar instituciones sociales como la familia y la escuela e integrar toda la educación nacional en un sistema coherente de calidad para contribuir a favorecer el mejoramiento de la vida de las personas y el desarrollo sostenible.
En esa dirección, fomentar igualmente la cultura democrática y educación en derechos humanos a lo largo de toda la vida de la población, incluyéndola en el Currículo Nacional de la educación pre básica, básica y media de las escuelas y colegios del país, y, conforme a nuestras necesidades y al Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos: trabajar en la implementación de su segunda etapa que se centra en la Educación en Derechos Humanos en la enseñanza superior y en los programas de capacitación y formación sobre derechos humanos para maestros y educadores, entre otros.
5. Seguridad humana y desarrollo sostenible.
El Estado hondureño debe adoptar políticas y tomar medidas integrales encaminadas a garantizar la seguridad humana de los habitantes para propiciar condiciones favorables al desarrollo sostenible, y prevenir amenazas a la vida, a la integridad personal, a la libertad de opinión, expresión y asociación; y, en general, al goce efectivo de todos los derechos humanos, con atención especial a los grupos vulnerables de la población que son los más victimizados por la situación histórica de pobreza, discriminación, violencia, desempleo y subempleo, y otros males públicos que aquejan a la Nación.
El Estado debe aprovechar, cada vez más, y potenciar las acciones locales en curso en las comunidades, como las que se realizan inicialmente, con el acompañamiento del CONADEH, en 36 municipios y abren novedosos espacios de gobernabilidad democrática dentro del Estado de Derecho para cumplir con su fin humanitario supremo de mejorar la condición humana del pueblo hondureño. Lo que se está logrando mediante la implementación de un modelo propio hondureño de estrategia de seguridad humana para el desarrollo sostenible municipal, consistente en la construcción y fomento de “Municipios de Bienestar Solidario”.
Estrategia, cuyos procedimientos y resultados esperados permiten expectativas fiables de cambios positivos que vivifiquen y vigoricen las actividades complementarias y cooperación entre las comunidades municipales y autoridades, con el objetivo de prevenir vulneraciones y promover la efectividad en el goce progresivo de los derechos humanos.
De igual manera, aprovechar y dar seguimiento al Compromiso 6, Actividad 4, del IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020, el cual plantea: “Actualizar con participación ciudadana de los municipios y socializar el documento Municipios de Bienestar Solidario, acompañando de instrumentos y metodologías que coadyuven al empoderamiento y debido cumplimiento del proceso.
6. Obligación de respeto a la independencia, atribuciones y funciones del CONADEH
Velar que toda la institucionalidad pública, civil y militar, respete y facilite la misión constitucional y la independencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en la protección, promoción y defensa de la dignidad humana y el fortalecimiento del Estado democrático y social de Derecho, mediante la supervisión de las actuaciones de todos los poderes e institucionalidad del Estado; la incidencia en políticas públicas; la atención de las quejas o denuncias de la población; el impulso constante a la cultura democrática y educación en derechos humanos, entre otras funciones del Defensor del Pueblo.
Tegucigalpa, M.D.C., 24 de abril de 2019
- Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos