Alrededor del 20% de los policías, perdieron la vida en el cumplimiento del deber, el resto mientras gozaban de franquicia o de fin de semana en circunstancias desconocidas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, dijo que el gobierno del Presidente Porfirio Lobo esta en la obligación de rendirle al pueblo hondureño un informe detallado que revele las circunstancias en las que murieron, en forma violenta, en los últimos 16 meses, alrededor de 70 miembros de las diferentes escalas de la policía.
El pueblo hondureño espera una respuesta para que estos y todos los crímenes que se cometen en el país no queden impunes, expresó. Honduras registró, en el 2011, un promedio diario de 20 muertes violentas, es decir, una víctima cada 74 minutos.
Admitió que le impacta el crimen contra los policías y contra cualquier hondureño, porque es un atentado contra el derecho a la vida de las personas. «Sus compañeros tienen la obligación de investigar estos crímenes hasta dar con los responsables y aplicarles todo el peso de la Ley», declaró.
Según el defensor de los derechos humanos, la violencia delincuencial y homicida en Honduras, nos afecta a todos y, por lo tanto, es un problema de emergencia nacional que incluso ya alcanzó hasta los mismos miembros de una institución como la policía que están siendo ejecutados y no sabemos por quién.
Señaló que es peligroso lo que está pasando en el país, pero que esa no es ninguna justificación para no exigirle rendición de cuentas a los mismos policías, que están en la obligación de investigar la muerte de sus propios compañeros.
Custodio dijo desconocer quién o quiénes son los responsables de esas ejecuciones ya que la misma institución no ha dado un informe público del por qué esos miembros han muerto en forma violenta. Según el informe remitido al Congreso Nacional, el CONADEH registró y le da seguimiento investigativo a la muerte violenta de 61 miembros de la Policía a nivel nacional, ocurridas entre enero y diciembre del 2011, las que se suman a las ocurridas en lo que va del 2012.
Eso demuestra, dijo el ombudsman hondureño, el grado de inseguridad que también se vive al interior de ese cuerpo encargado de la seguridad en el país. Sostuvo que Honduras vive una crisis policial que no termina por las actuaciones indebidas de sus miembros.
De acuerdo al titular del organismo humanitario, en Honduras hay un terrorismo implantado por la autoridad policial que prácticamente son los nuevos dueños del poder en este país.
Agregó que el saqueo de armas de las instalaciones policiales, el cobro de impuesto de guerra, la extensión de permisos para la portación ilegal de armas, la vinculación de policías en la ejecución de personas, su posible participación en secuestros y su vinculación con el crimen organizado, son parte de las historias que salen por retazos.
Durante el 2011, los departamentos de Cortés y Francisco Morazán registraron el 62% de la muerte violenta de de policías. En muchos casos, registrados por el CONADEH, los victimarios se ensañaron con sus víctimas, a juzgar por el número de impactos de bala que tenían en su cuerpo al momento de su deceso.
La petición del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos al titular del Ejecutivo, como responsable de la seguridad en el país, se debe al alto grado de impunidad en que se encuentra la mayoría de los crímenes cometidos contra los agentes y oficiales de la policía.
Proyecciones preliminares del CONADEH indican que en más de un 90% de los casos, las autoridades policiales, encargadas de la investigación, desconocen al o los responsables de privar de la vida a sus propios compañeros.
«Si los policías no investigan adecuadamente la muerte de sus compañeros, menos para que puedan darnos una investigación acertada sobre el resto de homicidios que a diario ocurren en el país y eso es un mal mensaje», sostuvo.
Se cree que alrededor del 20% de los policías, perdieron la vida en el cumplimiento del deber, el resto mientras gozaban de franquicia o de fin de semana. Es de hacer notar que el 93% de los policías perdieron la vida víctimas de las armas de fuego.
FUENTE: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras