Asesinatos, secuestros, atentados, persecuciones, amenazas a muerte, extorsiones, ataques a parientes, agresiones e incluso el exilio, son parte de los hechos ocurridos contra periodistas y comunicadores sociales en 35 meses de gestión del Presidente Porfirio Lobo, revela un informe remitido al Congreso Nacional por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El documento establece que desde el inicio de la presente administración, (27 enero del 2010 a diciembre del 2012), el CONADEH registró una serie de hechos que se constituyen en verdaderas amenazas contra las libertades de expresión y de información en Honduras.
Para el titular del organismo estatal de derechos humanos, Ramón Custodio, el ejercicio del periodismo en el país se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la ejercen.
El informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el 2012, hace énfasis que en 35 meses de gestión del actual gobierno, al menos, 27 comunicadores sociales perdieron la vida en forma violenta, cantidad que representan el 79% del total de homicidios registrados contra miembros del gremio de periodistas, desde el año 2003.
En el 2010, se registró la muerte de 12 periodistas y comunicadores sociales, un año después se reportaron 6 víctimas y se cerró el 2012 con 9 muertes de personas vinculadas a los medios de comunicación, para totalizar 27.
El informe revela, como uno de los hallazgos, que durante este período, ocho departamentos del país se han vuelto como los sitios más inseguros para ejercer el periodismo en Honduras.
De esta radiografía de la inseguridad para la prensa, Francisco Morazán reporta el asesinato de 10 periodistas y comunicadores sociales, seguido por Cortés con 6; Atlántida con 3; 2 en Olancho; 2 en El Paraíso; 2 en Colón, uno en Yoro, y uno en Lempira.
El CONADEH hizo énfasis en su informe que de las 27 víctimas, 25 que representan el 93% fueron víctimas de las armas de fuego, mientras que 2 (7%) murieron estranguladas.
96% de los casos en la impunidad
El organismo estatal de los derechos humanos señala en el documento que de las 27 muertes registradas en este gobierno, en apenas un caso se condenó al responsable quedando en la impunidad los victimarios de los 26 (96%) comunicadores restantes.
El 11 de septiembre de 2012, el Tribunal de Sentencia condenó a Jonathan Joseph Cockborn Delgado, alias «El Negro», a purgar una pena de 17 años y seis meses de reclusión por el delito de homicidio simple y seis años con ocho meses por robo agravado en perjuicio del periodista «Georgino» Orellana. Así mismo, tres años con seis meses por uso público de nombre supuesto, para totalizar una condena de 28 años.
Otros hechos cometidos contra miembros de la prensa
A lo anterior se suman otros hechos como la expropiación de un medio de comunicación privado- por parte del gobierno-, la suspensión de la nacionalidad a un columnista, el abandono del país de periodistas para poder salvaguardar su vida, 12 atentados, de los cuales tres fueron contra medios de comunicación, persecución y amenazas contra 15 comunicadores sociales.
El CONADEH también registró 20 casos de amenazas a muerte, agresiones cometidas por agentes policiales así como agresiones seguidas de robo por parte de particulares y un caso de extorsión contra un empresario de medios de comunicación.
Además, el asalto al hijo de un periodista, dos secuestros, uno cometido contra un propietario de medios de comunicación y otro contra un periodista que luego apareció muerto.
Autoridades gubernamentales «apuntan» contra los medios de comunicación
Otra de las preocupaciones señaladas por el CONADEH son las constantes amenazas de las altas autoridades gubernamentales encabezadas por el propio Presidente de la República contra los medios de comunicación.
Custodio lamentó que los niveles de violencia, alcanzados en este gobierno, contra periodistas y medios de comunicación, son y siguen siendo una amenaza muy grave para el ejercicio de los derechos de expresión y de información, en particular, contra quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado y la corrupción gubernamental.
Lamentamos profundamente los ataques provenientes desde el poder contra periodistas y medios de comunicación, pese a que el Estado a través de sus autoridades tienen la obligación y el deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión como un derecho humano, dijo el ombudsman hondureño
Según Custodio, ningún gobierno, en su sano juicio, debe castigar la función investigadora y de denuncia de los medios de comunicación como lo pretenden las actuales autoridades gubernamentales.
El defensor de los derechos humanos expresó su solidaridad con los medios de comunicación y el gremio de periodistas, que pese a las amenazas, las agresiones y los atentados de quienes se cobijan con el manto de la impunidad, continúan con su labor patriótica de denunciar la censura, la corrupción y la impunidad.
Consulte la lista de los periodistas y comunicadores sociales víctimas de homicidio mediante el siguiente link:
Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República de Honduras