Durante este primer tramo nuestra divisa ha sido ir al encuentro de la gente; nos propusimos sacar a la comisión de la comodidad de sus oficinas y recorrer los caminos de Hidalgo para enfrentar una realidad de contrastes: los grandes avances educativos, hospitalarios, carreteros, de nutrición y rehabilitación, deportivos y culturales, de empleos y tecnología; frente a la marginación y falta de oportunidades, la contaminación que degrada el ambiente y el abuso de la autoridad que deslegitima a quien lo comete y lástima al que lo recibe; la explotación que de las inconformidades hacen los actores políticos en medio de los conflictos que propicia la ignorancia, la ausencia de desarrollo o la delincuencia.
Ahí hemos visto los rostros adustos de la desconfianza, los de los hombres curtidos por el sol y el polvo; y el gesto amable y sonriente de la mujer que no se doblega ante las adversidades. La impaciencia por una solución a las carencias educativas y la indiferencia frente a las personas con discapacidad; la alegría de los niños y niñas del campo y las ciudades, ignorantes de las preocupaciones de una madre soltera o de un padre ausente; y la profunda tristeza del abandono en los rugosos ojos de nuestros ancianos.
Y también, las dos caras del poder: la del desprecio a las instituciones y los ciudadanos, como en el caso de la alcaldesa de Jaltocán y la del compromiso responsablemente asumido como en el ayuntamiento de Calnali, al incluir en su Bando de Policía y Buen Gobierno el tema de los derechos humanos, antes de la reforma a la Ley Orgánica Municipal.
Ese es el mosaico del tiempo y espacio nuestros, los de Hidalgo. Los de una población que hoy se confunde entre las agresiones de la autoridad escudada en la defensa de la ley, y las que le asesta la delincuencia. Donde todavía nos cuesta trabajo entender que la evolución creó nuevos escenarios donde ya ni siquiera hay que hablar de tolerancia sino de convivencia plena, armónica, respetuosa, ante todas las diferencias. Donde prime el yo soy, si tú eres. Nuestro horizonte es construir una corresponsabilidad en el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos que inicie en el hogar y la familia, cruce por la educación en todos sus niveles y sea responsabilidad compartida de los legisladores, los gobiernos estatal y municipales y los jueces.
Por eso en el referido proyecto de iniciativa de Ley de Derechos Humanos proponemos un programa gubernamental que los atienda; una agenda legislativa con perspectiva de derechos humanos y un mecanismo que coadyuve igualmente, desde la propia impartición de justicia, en el respeto a los derechos humanos de los justiciables.
Esa propuesta puede hacer la marcada diferencia de una nueva época de los Derechos Fundamentales, con miras largas en, para y desde el estado de Hidalgo. Los derechos humanos no tienen fronteras, están listados en la agenda global; las violaciones aquí y en cualquier sitio del planeta se saben y producen efectos en la antípoda; descalifican a los gobiernos, repercuten en las inversiones, desnudan los atrasos de una nación, dan respetabilidad a los gobiernos y partidos, disminuyen a los políticos, destruyen candidaturas o las hacen triunfantes, provocan a los ánimos geográficamente más alejados, deterioran las relaciones internacionales; y también son campo fértil, muy fértil para los oportunistas.
Desde hace tiempo los derechos humanos quedaron fuera del núcleo duro de la soberanía de los estados nacionales. Las determinaciones que los protegen surgen con mayor frecuencia de tribunales supranacionales a los que, también, más frecuentemente acuden los nacionales, europeos o americanos con efectos de gran calado en los países sometidos al Tribunal Europeo o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dos ejemplos son suficientemente ilustrativos: la Gran Bretaña habrá de modificar su legislación para que en las próximas elecciones ejerzan su derecho a votar los sentenciados privados de su libertad en las cárceles inglesas, después de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
Otro: nuestro país ha recibido en este año dos sentencias de gran impacto: una respecto de desapariciones forzadas, el caso Radilla; y otra, relativa al asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, la del Campo Algodonero. El presupuesto federal para el año próximo incluyó los recursos económicos para las respectivas indemnizaciones. En el mismo tenor dos casos más: debido a esas sentencias, por iniciativa presidencial está en discusión, en el Senado de la República, una propuesta para modificar el fuero militar; y la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha exigido al gobierno mexicano el esclarecimiento de la muerte de setenta migrantes centro americanos en el estado de Tamaulipas. Nosotros mismos, la Comisión hidalguense, hemos reprobado las declaraciones claramente homofóbicas del Gobernador de Jalisco; igual que las agresiones al Ombudsman de Quintana Roo; o nos hemos unido a la campaña Corazón Azul contra con la trata de personas, de la Organización de las Naciones Unidas. Hacia allá se amplían y rozan ahora nuestros horizontes; transitamos por la vía más adelantada de los derechos humanos para insertarnos en los espacios globales de su más avanzada concepción.
Avanzar a esa velocidad vertiginosa, sugerente, nos puede encaminar a soluciones para los problemas actuales que las reclaman: uno de ellos, la incorporación al desarrollo de las comunidades regidas en pleno siglo XXI por usos y costumbres, mediante una conciliación entre esas tradiciones regionales y la visión occidental aceptada desde la Declaración Universal surgida de las Naciones Unidas; es suficiente para ejemplificar la complejidad de los desafíos que tenemos por delante en esta materia; igual que lo es evitar las nuevas formas de esclavitud y combatir la discriminación en todas sus expresiones, desde las aparentemente inofensivas en el trato diario con el uso de un lenguaje utilizado desde el balbuceo de los infantes, y hasta las que obligan al desplazamiento y rechazo de quienes han decidido una forma de vida religiosa, política o sexual diferente o aquellos cuya condición física requiere de condiciones especificas de servicios e incorporación que el Estado debe satisfacer.
Lo que hasta hace poco fue tolerancia hoy debe ser normalidad. Esa es la exigencia, debemos aceptarla y, más que eso, resolverla mediante las políticas públicas, esas sí, responsabilidad del gobierno, del signo político que sea. Esa dinámica de los derechos humanos no tiene vuelta hacia el pasado. Mejor será para todos, asumirla y aprender a vivir y convivir con toda su fenomenología, resolviéndola oportunamente, incluso adelantando sus soluciones en sede legislativa.
Si en México llegamos tarde a la protección de los derechos humanos, preocupa más el atraso ocasionado por las diferencias políticas que evitan pasar del modelo de garantías individuales, al de derechos humanos en la Carta Constitucional, y dejan para después, una y otra vez, la reforma indispensable entrampada ahora en la Cámara de Diputados del Congreso federal.
Utilizo el título que la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, ha dado a su informe de este año: “cerrar brechas, abrir caminos”, para invitar desde esta alta tribuna de la representación popular, a un proyecto de conjunto para enfrentar el grave momento que el país vive y blinde a Hidalgo de los riesgos latentes. En ese orden de ideas, al Ombudsman de las y los hidalguenses le preocupa la permanencia de los faltantes para concretar un desarrollo sustentable que evite la degradación de la naturaleza y cancele los riesgos de las comunidades que la padecen, como es el caso de La Loma, en Tezontepec de Aldama, donde parecen importar más los intereses económicos de unos pocos que la seguridad de la población oficialmente asentada en zona de riesgo. Igual que preocupa la salud de un procesado recluido en el Distrito Judicial de Tizayuca a quien se privó de su derecho a la salud porque nadie se hizo cargo de una colostomía cuya postergación obligó a quien la requería a sobrevivir con una sonda y su depósito en condiciones absolutamente insalubres durante meses.
Eso, señores y señoras diputadas, es lo que hemos encontrado durante este año de ir al encuentro de la gente. Por eso preocupan al Ombudsman de todas y todos los hidalguenses los discursos triunfalistas y retadores; nos alientan más las convocatorias a la unidad y la participación social para combatir, por ejemplo, a la delincuencia: como también nos entusiasman las convocatorias a diseñar y aplicar las políticas públicas que hagan funcionar debidamente los ahora fortalecidos sistemas de educación, salud, comunicaciones y transportes; como la expresada hace apenas unas horas por el Gobernador del estado en la instalación del Consejo Estatal de Salud. Preocupa desde luego al Ombudsman la utilización de expresiones legítimas de protesta, convertidas en irracionales hasta propiciar la presencia de la fuerza pública en una escuela, como fue el caso de una primaria en El Arenal; lo mismo que la proliferación de basureros a cielo abierto en muchos municipios de la entidad, contaminantes de mantos friáticos, suelo y aire.
Por eso desde este momento, invitamos a los partidos políticos a incluir en sus plataformas para la próxima elección de ayuntamientos, compromisos concretos en materia de derechos humanos para ser incluidos en los planes de gobierno municipal, en cada uno de los aspectos que la Constitución General de la República pone bajo su responsabilidad.
Y no deja de preocupar al Ombudsman, como puede preocupa a cualquier hidalguense la viabilidad de su futuro y el de su familia, la deuda económica generacional, responsablemente adquirida y autorizada, destinada para asegurar una inversión federal detonadora del desarrollo estatal, que inexplicablemente no da inicio. El retraso en la construcción de la Refinería Bicentenario atenta contra los derechos humanos de las y los hidalguenses, al menos mientras se carezca de una información clara y coherente de las causas que satisfactoriamente la expliquen y justifiquen.
Con la misma contundencia expreso el reconocimiento del defensor del pueblo hidalguense por actos que dan certeza al futuro, como la aprobación de la Ley de Trata . . .. . . emitida por esta Cámara de Diputados, con lo cual quedamos fuera de la reducida lista de entidades federativas carentes de legislación en esa materia; o el acuerdo del Poder Judicial que en menos de doce horas resuelve el traslado de una mujer procesada a disposición del juez penal de Zimapán, a un centro penitenciario donde su derecho a la integridad física y trato digno están asegurados. De impacto general la primera y afectación personal la segunda, ambas son igualmente importantes en la medida que traslucen el compromiso de legisladores y jueces por hacer efectivo el respeto a los derechos humanos, colectiva e individualmente.
Lo mismo cabe destacar de alcaldes y ayuntamientos que han asumido su compromiso en esta cruzada permanente por los derechos fundamentales. Por mi parte subrayo y agradezco, antes de concluir, el respaldo y cumplimiento de los miembros del Consejo, el interés y apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara y el de quienes me acompañan en la defensa del pueblo de Hidalgo.
Deseo haber satisfecho la obligación legal que supone este informe. Independientemente del plazo anual establecido, quedo atento a cualquier llamado de esta Soberanía para explicar o abundar acerca del ejercicio que hago del mandato que por su voto me fue conferido. Y mucho agradeceré mantener su observación, cercanía y consejo; tengan la seguridad de su importancia para mi mejor desempeño.
Muchas Gracias
FUENTE: CDHEH. Hidalgo, México.