Luego de que explicaran que sus familiares fueron confinados en diferentes Centros Federales de Readaptación Social donde han sido, de acuerdo con sus versiones, víctimas de maltratos y vejaciones, solicitaron el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo para acelerar el proceso penal que se les sigue.
Indicaron que, con más de un año presos, muchos de ellos siguen siendo maltratados por los custodios en presunta complicidad con los directivos de los Ceferesos, además de impedírseles mantener una comunicación constante con sus familiares y de constatar que sus familiares, siendo procesados, están mezclados con población ya sentenciada.
Expresaron, también, que el proceso penal que siguen, bajo la causa 464/2009, les ha sido retardado y, en algunos momentos, detenido sin que se les explique de manera clara la razón, debiendo gastar sus escasos recursos en viajar a diferentes tribunales para solicitar información sobre el asunto que litigan.
Después de escuchar a las esposas de varios elementos procesados, Raúl Arroyo, presidente de la CDHEH, les informó que existen ya tres asuntos ventilados en la CDHEH que han sido remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo resultado fue la recomendación 25/2010 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Así mismo, ofreció gestionar con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Guillermo Ortiz Mayagoitia, a través de una misiva “solicitar muy respetuosamente y con verdadero interés se les informe desde la perspectiva del Poder Judicial Federal el estado actual de los procesos y sus posibles soluciones, lo cual estoy seguro coadyuvará a que encuetren una respuesta que les oriente y aclare sus dudas”.
Acompañado por el Primer Visitador General, Humberto Vieyra Alamilla, quien expuso puntualmente las razones por las que el organismo que preside no puede intervenir de manera directa, pues, dijo, “al tratarse de un asunto de índole federal, la Comisión de Hidalgo no tiene facultades legales de intervención”; sin embargo, continuó, “al tratarse ustedes, los familiares y los afectados, de ciudadanos hidalguenses, es razón suficiente, como obligación moral, para escuchar su problema, brindarles apoyo, asesoría y consejo jurídico.
Finalmente, Raúl Arroyo ofreció el apoyo del cuerpo jurídico del organismo que preside para orientar a los familiares de los elementos policiales detenidos, con el objeto de que no se dejen sorprender, pues “les han dicho que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha ordenado su traslado, cosa que desde luego es incorrecta”, abundó que “lo que los abogados que contraten, visitadores de la Comisión Nacional, Ministerios Públicos de la Procuraduría General de la República y otras autoridades les digan, que nos lo digan también a nosotros, así sabremos qué estado real guarda el proceso, como se los ofrecimos la primera ocasión que vinieron con nosotros en meses pasados”, concluyó.
FUENTE: CDH del Estado de Hidalgo, México