El Procurador de los Derechos Humanos ha recibido información sobre la situación que atraviesan 71 personas de origen guatemalteco, incluyendo niñas y niños, que fueron detenidas en el campamento Nuevo Progreso, municipio de Tenosique, en el estado mexicano de Tabasco, y trasladadas a un centro de aseguramiento para migrantes indocumentados en la ciudad de Tapachula, Chiapas, desde donde fueron repatriados hacia territorio nacional.
Sobre este caso, el Procurador de los Derechos Humanos expresa lo siguiente:
1.- Lamenta la forma en que se produjo la detención, traslado, reclusión y posterior repatriación de este grupo de guatemaltecos en territorio mexicano, habida cuenta que se trata de personas que buscaron refugio humanitario en el país vecino, cuyas autoridades siempre han sido respetuosas de una larga como hermosa tradición histórica de asilo y protección a quienes sufren persecución e injusticias.
2.- Demanda del Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la realización de todas las acciones necesarias para establecer las condiciones en que se produjo la detención, traslado a un centro de aseguramiento migratorio y posterior repatriación de este grupo de connacionales, incluyendo la gestión de medidas de reparación y resarcimiento por la eventual violación de sus derechos humanos. Asimismo, demanda investigar la suerte corrida por miembros de esta comunidad, cuyo paradero aún se ignora.
3.- Agradece a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos de ese país, en especial a las de los estados de Tabasco y Chiapas, por la solidaridad moral y material prestada a los refugiados guatemaltecos de la comunidad Nueva Esperanza, desde que se vieron forzados a dejar el territorio nacional, y en los hechos ocurridos desde el lunes 9 de enero del año en curso.
4.- Hace notar al Gobierno de la República de Guatemala, que esta lamentable situación es una secuela más de la forma inapropiada que, desde hace muchos años, pero en especial desde agosto de 2011, se ha manejado la situación existente en el Área Protegida del municipio de la Libertad, Petén.
5.- En consecuencia, reitera a las autoridades guatemaltecas correspondientes la solicitud para acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para resolver de forma definitiva la penosa situación en que se encuentran las y los habitantes de la comunidad Nueva Esperanza.
Dr. Sergio Fernando Morales Alvarado
Procurador de los Derechos Humanos
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala