El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, entregó el 28 de septiembre de 2018, al diputado Ronald Arango, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, una iniciativa de ley para hacer reformas al Código de Trabajo con el fin de garantizar el habeas data, intimidad y no discriminación en torno al derecho al trabajo, esta acción se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información Pública.
Durante los últimos años las personas han sido afectadas en sus garantías constitucionales cuando en búsqueda de un trabajo deben renunciar a su derecho a la intimidad, privacidad y honor, al verse obligadas a consentir que los potenciales patronos puedan contratar servicios de recopilación de información en fuentes privadas eludiendo la debida protección de datos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), Decreto 57-2008 del Congreso de la República.
Las empresas privadas comercializan datos personales de diferentes fuentes públicas y no públicas, incluyendo entre otros, record crediticio y detalles de pagos en tarjetas de crédito, información bancaria, de entidades financieras, información de familiares, medios de comunicación, propiedades, procesos legales y judiciales, sin que esa información sea verificada, actualizada y apegada a la verdad; es decir, a pesar de la falta de verificación se vende y asume como verdadera.
Como consecuencia se imposibilita a las personas optar a un empleo en condiciones de igualdad, obstaculizando su derecho al trabajo por la información que sin su consentimiento libre e informado adquieren los potenciales patronos.
Las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocen la importancia que tienen los datos que los empleados recaban de sus trabajadores, incluso desde que se presentan solo en calidad de postulantes a un cargo dentro de la empresa.
Desde 2009, cuando entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública a la fecha la PDH abrió 1,567 expedientes, de los cuales ha resuelto 1,307 y en 1,138 por medio de diversas resoluciones declaró la violación del derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa, a la vida privada, a la dignidad y al honor de los denunciantes. Además una acción de amparo promovida por el PDH la cual consta en el expediente 1356-2006 refleja que la Corte de Constitucionalidad obliga a una empresa comercializadora de información privada de particulares, a preservar el derecho de la autodeterminación informativa.
Ante esta razón el Procurador de los Derechos Humanos señala que la información sobre las personas se puede comercializar únicamente con el consentimiento escrito de las personas, según la protección de datos denominada Habeas Data y que está contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala.
La propuesta entregada por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, a la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República busca modificar el artículo 6 de Código de Trabajo, decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala.