GUATEMALA: PDH entrega V Informe de Seguridad Alimentaria

El Quinto Informe del Procurador de los Derechos Humanos en Seguimiento a las Políticas y Estrategias en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala, hizo entrega la Procuradora adjunta de los Derechos Humanos, María Eugenia Morales de Sierra, al representante de la SESAN, en un acto especial realizado en Casa Presidencial.

La actividad contó con la presencia de las máximas autoridades de la Vicepresidencia de la República y de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN. El referido informe es un aporte importante para la historia de la acción estatal frente al hambre y la desnutrición, que va más allá del ocuparse de lo emergente. No es para conformarnos con atender los síntomas, sin ir al fondo del mal. Para ello se requiere atacar los problemas estructurales, que han sido la causa de que este flagelo, agudizado en las últimas décadas, sea una vergonzosa constante en la realidad nacional.

Reiteró la licenciada de Sierra, que no por casualidad este Quinto Informe se titula Seguridad Alimentaria y Nutricional: de la asistencia humanitaria a la erradicación de la pobreza. Cuya denominación marca una ruta necesaria sobre el cual hay que cobrar consciencia, para actuar en consecuencia.

Indicó que después de haber cumplido con el mandato legal en el que se apoya el citado informe, a la institución del Defensor del Pueblo le corresponde continuar sus tareas de supervisión. Ellas son parte del andamiaje democrático de nuestro Estado y nos han permitido presentar cuatro informes anteriores, cuyas recomendaciones vigentes se esperaría verlas atendidas, agregó.

No siempre las instituciones objeto de nuestra supervisión alcanzan a comprender el sentido profundo de esta tarea. Pero en materia de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación, el país tiene un buen ejemplo de cómo a cada quien corresponde cumplir mandatos legales, políticos y morales, explícitos e implícitos en nuestra legislación vigente.

Se desea que en este nuevo período del CONASAN marque – también – el inicio de una relación que reconozca la autoridad fiscalizadora y orientadora de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, manteniendo para ella, de manera permanente y no esporádica, las puertas abiertas. Con una mejor información, podremos cumplir con excelencia nuestra responsabilidad de supervisión y de recomendar a este honorable Consejo, en materia de seguridad alimentaria y nutricional, como lo estipula la ley.

Con la entrega del Quinto Informe, se quiere mostrar a quienes conforman el Consejo, que tanto la conciencia crítica y la fiscalización como la ejecución responsable y técnicamente sustentada, en conjunto pueden dar como resultado avances en el goce del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria de las y los habitantes de Guatemala.

Sin embargo, dijo la Procuradora adjunta de los Derechos Humanos, que en representación del Procurador de los Derechos Humanos en la reunión, indicó, que no venía con la intención de citar escalofriantes cifras, conocidas seguramente por toda la concurrencia, ni a repetir lamentaciones sobre un estado de cosas que de las cuales debiéramos conmovernos e indignarnos.

Pretendo dedicar estas breves palabras a llamar su atención sobre algunas lecciones aprendidas en los últimos años en relación con los avances, los errores, las omisiones y los desafíos en materia de derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria. Las potencialidades del Sistema se perdieron de vista. En 2011, como agravante en el indicador de proceso, la fuente de financiamiento del presupuesto de la SESAN, fue suministrado en un 82 por la comunidad internacional.

Con ese punto de partida, las nuevas autoridades tienen el desafío de dar un viraje histórico, para lograr avances significativos que pongan fin a la desnutrición crónica y aguda en la población.

El informe dice con claridad que la creación, durante el gobierno anterior, del Consejo de Cohesión Social y la dimensión de los programas que éste emprendió, dejó al sistema de seguridad alimentaria en una situación marginal y en la práctica jugando solo el papel de asesoría ornamental.

No se puede, ni se debe, incurrir en errores similares. De allí que se insista en el fortalecimiento de la institucionalidad, que es decir la aplicación en letra y espíritu de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimenticia y Nutricional.

Ha pasado poco más de una década desde que el país fue conmocionado, por el descubrimiento mediático del hambre en Camotán y Jocotán. Todas y todos sabemos que las crisis alimentarias allí no eran nuevas, pero algún mérito tuvo aquella avalancha noticiosa de 2001: contribuyó a una gradual toma de consciencia nacional sobre el problema.

El sacudimiento de la consciencia pública se tradujo, poco a poco, en diagnósticos cada vez más certeros sobre la magnitud y extensión geográfica del hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria. De ese sacudimiento nacieron, también, nueva legislación, nueva institucionalidad y nuevas políticas públicas.

El Quinto Informe del Procurador de los Derechos Humanos señala los momentos trascendentes del proceso, entre los cuales resalta el informe del entonces Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, señor Jean Ziegler, en enero y febrero de 2005.

El Informe Ziegler incluyó una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala, que contribuyeron a acelerar la aprobación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, también en 2005. Y así como 2001 y 2005 son años clave, en la Procuraduría de los Derechos Humanos estamos convencidos que 2012 puede marcar también otro hito en el proceso.

Nuestra convicción es que las nuevas autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de las municipalidades, se encuentran con la oportunidad histórica de consolidar la legislación y la institucionalidad creadas en la última década, así como actuar en congruencia con lineamientos estratégicos de la política pública definida por el Conasan.

FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala