Recientemente se registraron múltiples detenciones de mujeres embarazadas, quienes presuntamente están involucradas en casos de extorsión al sistema del transporte público; sin embargo, muchas de ellas fueron obligadas, bajo amenazas del crimen organizado, a participar en estos ilícitos, indicó el 23 de septiembre Miriam Domínguez, titular de la Defensoría de los Derechos de la Mujer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante una entrevista concedida a un medio de difusión social.
Factores como la pobreza y extrema pobreza también influyen en el momento que la mujer en estado de gestación decide participar en el cobro de extorsiones. La precaria situación de muchas madres solteras las empuja a cometer delitos que luego impactan en la vida de sus hijos, quienes nacen en centros carcelarios, resaltó Domínguez. «Dar a luz en una cárcel es un hecho que impacta en la vida de todo ser humano, dado que nuestra sociedad después los señala como hijas o hijos de delincuentes, lo que después daña su autoestima y desarrollo integral», puntualizó.
Recientes supervisiones efectuadas por la Magistratura de Conciencia al Centro de Orientación Femenina (COF) revelan hacinamiento, falta de atención médica y barreras lingüísticas inclusive, lo que en suma representa un escenario inadecuado para albergar a reclusas embarazadas que eventualmente tendrán a sus hijos hasta que éstos cumplan los cuatro años.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo realiza acciones junto a otras entidades públicas, con el objetivo de mejorar y resguardar la vida de las mujeres que cumplen condena, así como de la niñez que junto a sus madres permanece en prisión hasta la edad reglamentaria, para luego pasar a la custodia de los familiares más cercanos.