Las mujeres de nuestro país están en una clara desventaja respecto de la Ley de Planificación Familiar, pero más aún las que viven en la provincia, dado que aparte de estar desinformadas y de tener que lidiar con el imperante machismo, también son discriminadas en los centros hospitalarios, indicó Miriam Domínguez, titular de la Defensoría de los Derechos de la Mujer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, durante una entrevista concedida el 04 de junio, a un medio de información impreso.
Uno de los factores de esta desventaja se refiere a la falta de apoyo del Estado para divulgar la legislación descrita, la cual fue creada para mejorar los servicios hospitalarios y empoderar a la mujer acerca de los derechos sobre su cuerpo, salud y desarrollo. En el ámbito rural, las mujeres indígenas adolecen tanto de información como de acceso a los servicios de salud, lo cual las condiciona a buscar ayuda con las comadronas de sus comunidades, quienes en medio de la necesidad y la pobreza resuelven en parte la problemática, mas no así las consecuencias de no tener una planificación familiar responsable.
Es urgente, dijo la Defensora, que las autoridades gubernamentales, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, refuercen el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, para que las mujeres de las áreas urbana y rural conozcan sus derechos establecidos en la Ley de Planificación Familiar, la cual aparte de ser bastante nueva es un buen punto de partida para disminuir los altos índices de muerte materna.
Por su parte, el Ministerio de Educación también está llamado a contribuir a la divulgación de esta ley, por medio de la educación sexual, la cual deberá informar aún más acerca de los métodos anticonceptivos y de la prevención que la niñez y la juventud debe tener para evitar infectarse de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.
En conclusión, Domínguez afirma que en nuestro país existe mucha legislación a favor de la población, pero poca efectividad para cumplirla por parte del Estado. De ahí la importancia que se diseñe una política pública que divulgue la citada ley, investigue y evalúe (sobre todo en el interior del país) los índices de muerte materna, salud sexual y reproductiva para mejorar y optimizar los servicios que reciben las mujeres de nuestro país.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala