La Comisión de Probidad del Congreso de la República convocó a la institución del PDH, junto a representantes de la CGN y del Inde, con el objetivo de abordar la problemática que genera la instalación de la hidroeléctrica Xalalá, entre varios municipios de Quiché y Alta Verapaz.
Ante la oposición de los pobladores de aproximadamente 58 comunidades rurales ubicadas entre los departamentos de Quiché y Alta Verapaz, debido a la instalación de la hidroeléctrica Xalalá, por considerar que generará expropiación y desalojo de sus tierras, la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) acudió a una reunión convocada por la Comisión de Probidad del Congreso de la República, junto a representantes de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y del Instituto Nacional de Electrificación (Inde).
Flavio Ruíz Domínguez, auxiliar municipal del PDH en Ixcán, Quiché, afirmó que en esas comunidades el descontento es generalizado, dado que a pesar que ya hubo una consulta comunitaria la cual se rechaza la implementación del proyecto, las operaciones continúan sin que ninguna autoridad del Estado o de la empresa informen acerca del proyecto hidroeléctrico en mención. «El malestar social es derivado de los estudios que realizó el Inde sin consultar a los líderes comunitarios, lo cual constituye una falta de respeto al derecho fundamental de los pueblos indígenas», resaltó.
Recientemente, la población del lugar –dijo el Auxiliar– denunció la presencia de grupos armados de la Policía y el Ejército en el área del conflicto, situación que las comunidades interpretan como una intimidación y una forma de doblegar su resistencia a la implementación del proyecto hidroeléctrico. «De ahí que la población solicitará la intervención directa del Procurador para que verifique lo que autorizaron las instituciones del Estado en este caso», puntualizó.
Mario Minera, director de Mediación del PDH, indicó que al no respetar el resultado de la consulta comunitaria se afecta al menos a 30 mil personas, además del inminente desastre ecológico que provocaría el proyecto a las cuencas de los ríos Chixoy y Copón. «Por lo pronto la Comisión nos solicitó un informe sobre esta problemática, así como de la presencia de grupos armados en el lugar, situación que investigaremos inmediatamente y daremos a conocer a la brevedad posible», concluyó.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala