En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la defensora de la Niñez y Adolescencia, Gloria Castro, el 6 de junio fue entrevistada por un medio de información nacional, con la finalidad de conocer la percepción de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, al respecto.
La funcionaria indicó que como labor principal de la Defensoría está la supervisión a las instituciones que trabajan en la garantía de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, con quienes en muchas ocasiones se conversa acerca de la situación del trabajo infantil y de los niños de la calle, ya que últimamente se observan muchos laborando en las calles, ya sea lavando carros, lustrando zapatos entre otro tipo de actividades, ya que la familia no cuenta con las condiciones necesarias, para brindarles una buena calidad de vida.
Expresó que en muchas ocasiones hay personas inescrupulosas, incluso los mismos padres alquilan a sus hijos para ser explotados en las calles, lo cual es constitutivo de delito y es necesario trabajarlo en conjunto con el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, Municipalidad de Guatemala y la Procuraduría General de la Nación.
Respecto de las estadísticas, indicó que según La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2011, del total de niños que trabajan, la mayoría pertenece a algún grupo étnico; es decir, entre la población indígena, tres de cada 10 niños trabajan, siendo que 1 de cada 10 niños no indígenas laboran, así también, el 12.9 % de niñas trabajan en algún tipo de producción económica y de tipo doméstico.
En ese sentido, la funcionaria se refirió a que es lamentable que debido a que a temprana edad muchos niños, niñas y adolescentes realizan algún tipo de labor, no tienen acceso a la educación ni a una buena calidad de vida, por lo que indicó que el Estado debe fortalecer las diferentes instituciones que abordan el tema de niñez y adolescencia, ya que, si es cierto que se ha avanzado mucho, es necesaria la implementación de más programas de prevención que permitan a las familias capacitarse y mejorar su nivel de vida.
FUENTE: Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala