El Procurador de los Derechos Humanos,
ante la posible regulación de las
consultas comunitarias,
manifiesta:
El Estado es el garante de los derechos de los pueblos indígenas de Guatemala, entre ellos, el derecho a la consulta.
Dicha facultad implica el reconocimiento y respeto de la diversa conformación económica, social y cultural del país que puede coadyuvar a su desarrollo integral.
Por lo que insta al Congreso de la República:
A que la legislación que emita para regular las consultas comunitarias esté en concordancia con el espíritu del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), atendiendo los principios ahí establecidos para que las consultas sean previas, informadas, libres y de buena fe.
La aplicación de dicho Convenio establece consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Hoy, Día Mundial de la Justicia Social, es propicio hacer el llamado para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, así como su voz y autodeterminación, base fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de una nación.
Guatemala, 20 de febrero de 2018
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