En seguimiento a las actividades derivadas de un acuerdo de cooperación suscrito en 2005, entre la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), se realizó el 27 de junio una capacitación para un grupo de 32 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), respecto de la Ley Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles y Denigrantes.
En este sentido, Gerardo Villamar, titular de la Defensoría de los Derechos del Debido Proceso y Recluso de la institución del Ombudsman, destacó la importancia de respetar las garantías individuales de los privados de libertad, dado que se conocen casos en los cuales las personas con orden de captura denuncian ser víctimas de agresiones verbales y físicas por parte de los agentes policíacos a cargo de las aprehensiones.
Jorge Parra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), basó su participación en las obligaciones del Estado de Guatemala, respecto de la erradicación de cualquier forma de tortura y malos tratos en cárceles y centros de detención. Asimismo, señaló la importancia de cumplir con los convenios y convenciones internacionales suscritos por nuestro país en esta materia, con la implementación de medidas eficaces para reforzar a las instituciones a que investiguen pronta, exhaustiva y eficazmente los casos de tortura perpetrados por funcionarios públicos y particulares.
Byron Pérez García, investigador del área social de la ODHAG, explicó que el proceso formativo sienta sus bases en el informe del observatorio de cárceles de la Magistratura de Conciencia, el cual estableció en 2005, que la mayoría de violaciones a las garantías individuales de personas detenidas y trasladadas ocurrieron en el sistema penitenciario. Por lo tanto, es importante continuar con este proceso educativo para los agentes que pertenecen a las diferentes unidades de investigación criminal de la PNC.
El Mecanismo Nacional de Prevención ejerce sus funciones de forma imparcial y objetiva, y su labor se enmarca en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas y su Protocolo Facultativo, la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes aplicables, así como de los demás tratados, directrices, reglas y principios internacionales relevantes en la promoción y protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
FUENTE: Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala