Las estrategias en materia de seguridad pública, no deben orientarse de manera aislada, unilateral o con visiones eminentemente operativas, sino desprenderse de esquemas conjuntos, participativos e incluyentes para ser efectivos.
El combate a la inseguridad debe partir de esfuerzos coordinados entre todos los órdenes de de gobierno e involucrar a la sociedad, dijo el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera.
Durante un Foro de Seguridad Ciudadana, el funcionario señaló que en esa lógica, la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos son un binomio, de ninguna manera condiciones antagónicas. No se excluyen, sino se complementan.
«Todo Estado que se jacte de democrático, está obligado a garantizar la salvaguarda de los derechos humanos, de tal manera que la tutela del orden público no quebrante los ideales de nuestra Carta Magna», dijo durante este evento organizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El desafío de toda autoridad es la construcción de mejores prácticas de seguridad pública, bajo criterios de respeto a una cultura de derechos humanos, señaló. Como consecuencia, puntualizó, la seguridad es un derecho, pero también una responsabilidad colectiva.
Destacó que la participación ciudadana es un concepto que se encuentra íntimamente relacionado con la democracia y con la seguridad pública. «Los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, por ende, también están ligados entre sí». Explicó que Procuraduría de los Derechos Humanos, entiende la problemática de la seguridad pública.
Por ello, de manera proactiva se ha brindado capacitación en materia de derechos humanos y seguridad pública, en todos los municipios de Guanajuato, con lo que se pretende concientizar a los elementos, para que en su difícil ejercicio, cumplan su responsabilidad sin abandonar la observancia de los derechos fundamentales.
El evento fue encabezado por el Subsecretario de Prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, José Moisés Herrera Saldaña, entre otros funcionarios estatales y municipales, así como representantes del sector privado.
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato