Como conclusión del Congreso Nacional Sobre Situación de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados, «Mi Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria», los participantes elaboraron y firmaron el siguiente documento, donde se presentan los ejes rectores en que habrán de trabajar autoridades, grupos de la sociedad civil y todos los involucrados, a favor de este grupo vulnerable.
DECLARATORIA DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE LA SITUACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS. «MI DERECHO A LA CONVIVENCIA FAMILIAR Y COMUNITARIA»
Las y los convocantes del Primer Congreso Nacional Sobre la Situación de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados. «Mi Derecho a la Convivencia Familiar y Comunitaria», llevado a cabo el 16 y 17 de Agosto de 2012, en la ciudad de Guanajuato, México; quienes somos un grupo de particulares y miembros de OSC, que en trabajo conjunto y coordinado con La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato y su Ombudsman, unimos nuestros esfuerzos a raíz del interés y del trabajo compartido con niños, niñas y adolescentes, privados de cuidados parentales en particular quienes están institucionalizados.
En este primer Congreso Nacional se recibieron las contribuciones de miembros de la sociedad civil, particulares y servidores públicos, a través de paneles y talleres, en los cuales se ha debatido y compartido sobre la situación que nos interesaba discutir: la privación del derecho a la familia que padecen miles de niños institucionalizados en México, siendo el propósito de todos los participantes visibilizar la situación de los niños en las instituciones públicas y privadas.
Los resultados arrojados nos permitieron hacer evidente la falta de prevención en acciones que fortalezcan a la familia de origen y eviten la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen, así como la falta de alternativas para el cuidado alternativo de tipo familiar, esto es el acogimiento familiar. Se constata que la alternativa, prácticamente excluyente para los niños privados de cuidados parentales, es la institucionalización.
Considerando
Que no se realizan suficientes esfuerzos para prevenir la separación de niños, niñas y adolescentes de su familia, desde la sociedad civil y el Estado.
Que actualmente en nuestro país, México, es tolerado y sostenido el alojamiento innecesario en instituciones donde, en muchos casos, los niños, niñas y adolescentes viven situaciones en las cuales sus derechos elementales son vulnerados, en particular el derecho a la convivencia familiar y comunitaria.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, diversos Tratados Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño, la Legislación Federal y las Legislaciones Estatales, nos obligan a buscar mecanismos diversos que nos permitan integrar a los niños, niñas y adolescentes en esquemas que promuevan la convivencia familiar y comunitaria.
Que se desconocen, por su falta de implementación, programas de cuidado alternativo familiar, tal como el acogimiento familiar.
Que con la finalidad de brindar una protección adecuada e integral a los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado de sus padres, es necesaria la aplicación de diversas estrategias y políticas públicas relacionadas con esta problemática por parte de las instancias gubernamentales y privadas correspondientes.
Que las instituciones públicas y privadas que tienen a su cargo el resguardo de niños, niñas y adolescentes institucionalizados, carecen de conocimientos y herramientas necesarias para implementar metodologías basadas en un enfoque de derechos humanos.
Nos dirigimos:
Al Poder Ejecutivo de la Nación, Estatales y Municipales de nuestro país.
Al Poder Legislativo de la Nación y de los Estados.
Al Poder Judicial de la Federación y de los Estados
Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Federal, Estatales y Municipales.
A las Autoridades Federales, Estatales y Municipales con injerencia en este tema.
Y declaramos lo siguiente:
Buscamos incidir en las políticas públicas, en las decisiones y en las actividades de todas las instancias del sector público y privado que se ocupan de la protección social y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes privados total o parcialmente de cuidados parentales.
Estamos comprometidos a trabajar por el cambio del modelo asistencialista que prevalece actualmente en nuestro país por un modelo que promueva la cultura de derechos humanos y el interés superior del niño, con énfasis en el derecho a la convivencia familiar y comunitaria (DCFC).
Convenimos con lo establecido en el preámbulo y en el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) donde se reconoce que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia y que ésta debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
Proponemos apoyar los esfuerzos para que los niños, niñas y adolescentes permanezcan bajo el cuidado de su propia familia, o que se reintegren a ella; y si esto no es viable ni posible por atentar contra sus intereses, trabajar para encontrar otra solución apropiada y permanente, incluidas la adopción, el acogimiento familiar y aquellas prácticas de cuidado comunitario, padrinazgo, crianza compartida y otras, que en los países de América Latina forman parte de la identidad de nuestra región.
Demandamos:
Que se desarrolle una política nacional para el cumplimiento del derecho a la convivencia familiar y comunitaria y la promoción de la desinstitucionalización.
Que los estados se adhieran a estas políticas.
Que para la implementación de la estrategia nacional se cuente con los recursos materiales y humanos necesarios para:
-Capacitación de los responsables del sector público y privado que atienden esta problemática.
-Que la autoridad a quien le corresponde la atención de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo establezca lineamientos técnicos y garantice su aplicación a través de mecanismos de monitoreo y supervisión constantes.
-Que se generen acciones de prevención de la separación a través del fortalecimiento familiar.
-Que la separación de la familia sea el último recurso.
-Que se brinde la provisión de cuidados alternativos adecuados.
-Que se tenga una base de datos actualizada, de niños, niñas y adolescentes en cuidado alternativo tanto de tipo familiar como institucional.
-Que se tome en cuenta la participación de las comunidades en la resolución de las problemáticas familiares.
-Que se garanticen espacios de participación de los niños.
-Que exista una articulación entre los distintos actores de gobierno y sociedad civil para lograr el fortalecimiento de las redes de atención de personas y organismos que trabajan con niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales.
Pedimos a las instancias y a todas las personas con toma de decisiones, que en todas las acciones de gobierno prevalezca el interés superior del niño.
Finalmente, exhortamos a las instituciones de la sociedad civil, personas que conforman las instancias gubernamentales y a todas las personas involucradas en el tema de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo e institucionalizados, que de manera creativa, comprometida y responsable sigan conformando y fortaleciendo redes así como las estructuras estatales y de la nación, y que incorporen en sus agendas, de forma prioritaria; el tema del derecho a la convivencia familiar y comunitaria.
Celebración del Congreso:
http://www.portalfio.org/inicio/noticias/item/10433-guanajuato-celebran-congreso-nacional-y-tratan-problema-de-niños-institucionalizados.html
Palabras del Procurador de los Derechos Humanos:
http://www.portalfio.org/inicio/noticias/item/10434-guanajuato-palabras-del-procurador-de-los-derechos-humanos-durante-el-congreso-nacional-sobre-la-situación-de-niños-niñas-y-adolescentes-institucionalizados.html
FUENTE: Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato